La gran banca pone fin al cobro de los depósitos de las empresas, después de tres años. Con la subida de los tipos oficiales de interés, que el Banco Central Europeo (BCE) comenzó a aplicar a partir del pasado 22 de julio, las entidades han comenzado a informar a los clientes que dejarán de aplicarles un interés por la liquidez depositada en el banco. Cabe destacar que el grueso de los bancos españoles no cobraban a los particulares por custodiar sus depósitos sino a un determinado tipo de clientes, como los institucionales y las grandes compañías.
No obstante, a pesar de que la subida de los tipos de interés tuvo lugar la penúltima semana de julio, las entidades ya no cobraron a las grandes empresas por sus depósitos en junio, según reflejan los últimos datos publicados por el Banco de España. El tipo medio ponderado que aplicó la banca a las empresas en junio se situó en positivo, en el 0,328%, mientras que un mes antes estaba en negativo, en el -0,093%.
El sector financiero comenzó a cobrar a los grandes clientes como compañías, family office o inversores institucionales por los depósitos en enero de 2019. Entonces la facilidad de depósito ya estaba en negativo, en el -0,4%, aunque ya pisó este terreno cinco años antes, en junio de 2014, cuando el BCE la situó en el -0,1%. Desde entonces no dejó de descender, hasta tocar el nivel mínimo en septiembre de 2019, con el -0,5%, umbral donde se ha situado hasta la subida de tipos del pasado julio.
El supervisor europeo determinó subir en 50 puntos básicos todos los tipos oficiales, lo que llevó a que la facilidad de depósito se situara en 0, nivel que no veía desde 2013. Durante estos últimos ejercicio de facilidad de depósito en negativo, las entidades de la zona euro han tenido que pagar al BCE por la liquidez aparcada en el organismo, hasta que en el caso de España, en 2019, comenzaron a trasladar el coste a determinadas compañías. Una situación que ha llegado a su fin, según las fuentes financieras consultadas por este diario.
Este paso permitirá a las empresas un ahorro de costes, en un momento en el que la elevada inflación está pasando factura en los gastos de las compañías. El sector financiero pronosticaba el fin del cobro de depósitos a las empresas de cara a septiembre, aunque finalmente se ha adelantado tres meses. Inicialmente, se esperaba que el BCE subiera los tipos en julio un 0,25% para realizar una segunda subida a final del verano. Sin embargo, el organismo prefirió actuar con mayor contundencia ante la elevada inflación, que el pasado mes de junio alcanzó el 8,6% en la Eurozona, cinco décimas más que el mes anterior, según reflejan los últimos datos de la oficina de estadística comunitaria Eurostat.
El objetivo del BCE con esta gradual normalización de la política monetaria es lograr que la inflación se sitúe en el umbral del 2% en el medio plazo.
La subida de la facilidad de depósito cierra la puerta a que el sector financiero amplíe el cobro de depósitos a otros clientes, como los particulares. Aunque la mayoría de las entidades siempre ha trasladado que no cobraría a los usuarios retail por los depósitos, ante el temor de una fuga de los mismos, había bancos que sí que habían comenzado a trasladar el coste a determinados clientes.
BBVA dio un paso al frente a inicios de 2021 y comenzó a aplicar una tasa del 0,025% mensual o 0,3% anual a un número reducido de clientes (el 0,2%) con poca vinculación y saldos por encima de los 100.000 euros. Caja de Ingenieros también comenzó a cobrar a mediados del año pasado un 0,3% a clientes de banca Premium y Personal a partir de los 100.000 euros, medida que ya ha eliminado. ING, por su parte, aplica una comisión de 10 euros al mes por custodia de saldos a aquellos clientes sin nómina y con más de 30.000 euros en la entidad.
Breve tiempo de 'alegría'
Con esta situación despejada de ecuación, ahora los clientes podrían enfrentarse a nuevos costes por la tasa específica que el Gobierno de Pedro Sánchez prevé imponer a la banca. El Ejecutivo plantea un tipo del 4,8% sobre el margen de intereses y las comisiones netas de los bancos, siempre y cuando sus ingresos fueran superiores a los 800 millones de euros en 2019, antes de los impactos de la pandemia. El Gobierno pretende recaudar 3.000 millones de euros con esta medida.
La Federación Bancaria Europea (EBF, por sus siglas en inglés), encabezada por la presidenta del Santander Ana Botín, ya señaló a inicios de esta semana que esta tasa la acabarán pagando los clientes porque la normativa bancaria en vigor exige a las entidades repercutir todos los costes en precios. Sin embargo, la norma del Gobierno fija una sanción del 150% del importe repercutido a los usuarios.
Tanto la EBF como las patronales españolas (AEB y CECA) consideran que el gravamen del Ejecutivo, lejos de ayudar a la economía, tendrá el efecto contrario, ya que perjudicará a la capacidad de recuperación del sector y a la capacidad de financiar la economía. El consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, señaló el pasado 28 de julio que el tributo podría mermar el crédito en 50.000 millones.
La remuneración tardará
La reciente subida de los tipos de interés deja igual la remuneración de los depósitos de los hogares. Con el umbral en el cero, el sector financiero no prevé que los saldos se bonifiquen de forma temprana y trasladan este escenario entre mediados y finales de 2023. Según las fuentes consultadas por este diario, para que la banca dé una remuneración a los clientes aún tienen que subir mucho los tipos, hasta situarse en el entorno del 1% o 1,5%. En dicho umbral, aseguran, entonces se podría esperar una remuneración de los depósitos en el entorno del 0,5%. De momento, ninguna de las grandes entidades prevé bonificar saldos ya que su estrategia no pasa por captar depósitos puesto que tienen suficiente liquidez para dar crédito.
