El ministerio de Hacienda va a solicitar al Banco Central Europeo (BCE) un informe con su opinión sobre la proposición de ley presentada en el Congreso por el PSOE y Unidas Podemos, socios del Gobierno de coalición, para regular el futuro tributo a la banca a fin de conocer su opinión y verificar si colisiona con la regulación que rige en el sector financiero. Entre otros aspectos, prohíbe por ley repercutir el gravamen al cliente, algo que chocaría de manera frontal con la regulación de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) que obliga a las entidades a considerar todos los costes a la hora de fijar sus precios y, de no hacerlo, se exponen a sanciones por parte del organismo supervisor.
La decisión la compartió el ministerio en una reunión que ayer mantuvieron el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y la directora General de Tributos, María José Garde, con técnicos del sector financiero para resolver dudas sobre el futuro canon, un día después de que se conociese su letra pequeña con el registro de la proposición de ley en el Congreso, según explicaron fuentes al corriente de las conversaciones. Al encuentro estaban convocados expertos de las patronales AEB y CECA, pero se extendió la invitación a entidades financieras.
Hasta ahora el BCE se ha mostrado prudente, aunque es contrario a este tipo de imposición ad hoc. El organismo puede, de hecho, emitir de oficio un dictámen sobre gravámenes que afecten al sector como hizo en 2019 con un impuesto de Lituania, donde reprobó su uso para fines presupuestarios. El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, recordó recientemente que la opinión del organismo es que estas tasas no dificulten la concesión de crédito ni endurezcan las condiciones de financiación y tampoco perjudiquen la solvencia del sector.
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, juzgó difícil que no afecte "al crédito, a los tipos de interés o a la estabilidad de los bancos" y, según expertos y la banca, como mínimo, perjudicará a la financiación. El consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, cifraba precisamente esta semana en 50.000 millones de euros la merma de crédito si los 3.000 millones que el Gobierno quiere recaudar en dos años drenan el capital del sector por ese mismo importe.
Conforme al texto presentado en las Cortes, el tipo será del 4,8% sobre el margen de intereses y las comisiones netas, y lo soportarán aquellas entidades que tuviesen ingresos a partir de 800 millones de euros antes de las distorsiones de la pandemia, en 2019. Si lo trasladasen al cliente se exponen a una sanción del 150% del importe repercutido. El organismo de Competencia (la CNMC) será el encargado de vigilar que no ocurre, con el apoyo del Banco de España.
La intención del Gobierno es recaudar 1.500 millones anuales con cargo a sus cuentas de 2022 y 2023 para sufragar medidas sociales dirigidas a colectivos vulnerables a fin de ayudarles a encarar la situación creada por la desbocada inflación, pero la fijación de umbrales discrimina por entidades.
Agravio entre entidades
Los banqueros ha denunciado, precisamente, estos días durante la presentación de resultados el agravio comparativo exponiendo que pone en desventaja a las grandes y medianas entidades frente a bancos extranjeros, sucursales de grandes grupos bancarios con negocio en España (léase ING o Deutsche Bank, por ejemplo), pequeñas entidades, fintech y la banca 'en la sombra' que podrían aprovechar para efectuar ofensivas comerciales.
Con los primeros números, estarían afectadas CaixaBank (que ayer estimó que correrá con 450 millones de los 1.500 millones anuales previstos), BBVA (lo cifró en 250 millones), Santander, Sabadell, Bankinter, Unicaja, Kutxabank, Ibercaja y Grupo Cajamar, con la duda de si Abanca podrá librarse.
En la reunión los banqueros plantearon cuestiones técnicas sobre la razón para fijar el umbral y por qué de hacerlo en 800 millones o qué perímetro es el que hay que tomar conocer esa dimensión y los ingresos afectados. No es lo mismo incluir o no la cifra de negocio asociada a gestión de activos o la actividad aseguradora, por poner un ejemplo. Podría darle la segunda discriminación de gravar por filiales aseguradoras y su recaudación, colocándolas en desventaja también frente a aseguradoras autónomas, que no dependan de un banco.
