La Audiencia Nacional da un nuevo paso en las pesquisas de la relación de BBVA y su presidente de honor, Francisco González, con el excomisario José Manuel Villarejo por el caso de las presuntas escuchas ilegales. El magistrado Manuel García-Castellón ha remitido recientemente un requerimiento al banco para que entregue toda la documentación sobre los contratos que estableció con las empresas del exinspector en un plazo de 72 horas, según informan fuentes cercanas al caso.
El magistrado del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, sitúa al presidente honorífico de BBVA, Francisco González (FG), en el centro de la investigación sobre el banco por la contratación del excomisario José Manuel Villarejo. El juez instruye dos piezas separadas contra la entidad, ambas bajo secreto de sumario, por las labores que realizó el exinspector para el banco. El grupo financiero que entonces encabezaba González pagó hasta 5,5 millones a Villarejo en varias facturas desde 2005 hasta finales de 2017, fecha en la que el expolicía ya estaba en prisión preventiva.
El presidente de honor de BBVA, Francisco González, redujo su sueldo el año pasado, al recibir algo más de 5 millones de euros, tanto por su retribución fija como por su salario variable. La caída fue del 11%. Pero poco más de la mitad de este importe está en peligro.
BBVA se ha pronunciado por primera vez sobre los riesgos en los que puede incurrir el banco por las presuntas escuchas ilegales que el excomisario José Manuel Villarejo realizó para la entidad. El grupo financiero ha comunicado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la contratación de "actividades presuntamente irregulares" que llevó a cabo el expolicía desde finales de 2004 y hasta los últimos años para la entidad, de confirmarse, "podrían tener un impacto reputacional negativo para el banco" y también, en el patrimonio del mismo.
La banca continúa modificando su política comercial para adaptarse a los cambios legislativos. BBVA ha sido el último en sumarse a esta ola, asumiendo todos los criterios que establece la nueva normativa. A cambio, encarece los tipos de interés.
La cúpula de Sacyr que lideró el intento de asalto a BBVA entre finales de 2004 e inicios de 2005 buscó en el entonces consejero delegado de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, una alianza que le sirviera de ayuda en la toma del banco.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) vigila muy de cerca los pasos que está dando BBVA en la investigación interna que ha abierto sobre el caso de las presuntas escuchas ilegales del excomisario José Manuel Villarejo por sus posibles consecuencias en el negocio de la entidad. El banco tiene la obligación de incluir en su informe de Gobierno Corporativo y sobre Remuneraciones a la cúpula el impacto, tanto reputacional como por riesgo de corrupción, que puede tener la trama de espionaje en su actividad bancaria. Los documentos se publicarán en breve, ya que la entidad anunció el lunes la convocatoria de la junta general de accionistas para mediados el próximo 15 de marzo.
La complejidad del entorno y algunas dificultades sobrevenidas están provocando que la banca española no consiga de manera generalizada la rentabilidad que exigen los mercados. Estos requieren al sector un nivel de retorno del capital cercano al 10%, pero únicamente tres entidades sobrepasan este umbral.
Openbank no quiere perder pulso en el negocio hipotecario y mantiene su política agresiva de precios uniéndose a la nueva guerra. Tras los movimientos llevados a cabo en las últimas semanas por varios de sus competidores, especialmente ING, la filial digital del Santander ha decidido sumarse a la ola de entidades que se están anticipando a la reforma legal, que entrará en vigor previsiblemente a finales de marzo o principios de abril, y asume todos los costes aparejados a la formalización del préstamo, incluido el de la tasación.
El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, ha asegurado esta mañana que la institución que encabeza está prestando "mucha atención" al presunto escándalo de las escuchas que realizó el excomisario José Manuel Villarejo para BBVA. "Es un tema relevante", aseveró. Así, Albella recordó que las instituciones que la CNMV regula tienen un código de conducta "que dicen que cuando a un consejero le pueden afectar temas penales, el consejero debe valorar si debe dimitir o no y el consejo de administración debe decidirlo". A juicio del presidente de la CNMV por el momento esta cuestión no se ha planteado desde el banco, por lo que el regulador lo único que puede hacer es seguir el caso e intentar que la entidad dé las explicaciones adecuadas.