La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) vigila muy de cerca los pasos que está dando BBVA en la investigación interna que ha abierto sobre el caso de las presuntas escuchas ilegales del excomisario José Manuel Villarejo por sus posibles consecuencias en el negocio de la entidad. El banco tiene la obligación de incluir en su informe de Gobierno Corporativo y sobre Remuneraciones a la cúpula el impacto, tanto reputacional como por riesgo de corrupción, que puede tener la trama de espionaje en su actividad bancaria. Los documentos se publicarán en breve, ya que la entidad anunció el lunes la convocatoria de la junta general de accionistas para mediados el próximo 15 de marzo.
De acuerdo con la nueva normativa, aprobada el pasado verano por el regulador de los mercados, BBVA deberá retratarse ante los inversores, ya que entre las novedades que tendrá que cuantificar se encuentra el referido a riesgos significativos derivados de la corrupción que puedan afectar a la consecución de los negocios de acuerdo con el Real Decreto Ley 18/2017, que modificaba la legislación sobre sociedades de capital. Otro punto que también tiene que aclarar el banco es qué consejeros deben dimitir de sus puestos "en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad".
Hay que tener en cuenta que el expresidente ejecutivo de la entidad, Francisco González, en la actualidad no tiene ningún cargo en el órgano rector, pero sí ha sido distinguido con un puesto honorífico en el grupo, por el que tiene derecho a despacho, secretaria y coche oficial. La presidencia honorífica es un rara avis en las empresas españolas, por lo que González podría estar considerado como consejero en los supuestos antes citados, máxime cuando ha estado al mando de BBVA durante dos decenios y era su máximo responsable en el momento en que se produjeron las escuchas ilegales.
Así, la CNMV, que hace públicos estos informes a través de un hecho relevante, asegura que está prestando "mucha atención" a la supuesta trama de espionaje protagonizada por el banco y por la que la Audiencia Nacional mantiene abiertas dos investigaciones distintas a BBVA, ambas bajo secreto de sumario. El ámbito de competencia del organismo regulador en caso Villarejo es que se produzca la promoción de dicha información sobre corrupción y reputación por parte de la entidad azul. Por tanto, la CNMV velará por que la comunicación que el banco remita al mercado y a sus accionistas sea "correcta y adecuada", tal y como señaló la semana pasada el presidente de la institución, Sebastián Albella.
Por otro lado, y al margen de la nueva directiva aprobada el pasado verano, el regulador, además debe garantizar el cumplimiento del código de conducta de las entidades cotizadas. Esta normativa señala de forma expresa que cuando un consejero puede verse afectado por temas penales, éste debe valorar su dimisión y el consejo de administración debe decidirlo. A juicio de Albella, esta cuestión "ni se ha planteado" en BBVA. "Entonces sólo podemos seguir el caso e intentar que se den las explicaciones adecuadas", remarcó.
