La Audiencia Nacional da un nuevo paso en las pesquisas de la relación de BBVA y su presidente de honor, Francisco González, con el excomisario José Manuel Villarejo por el caso de las presuntas escuchas ilegales. El magistrado Manuel García-Castellón ha remitido recientemente un requerimiento al banco para que entregue toda la documentación sobre los contratos que estableció con las empresas del exinspector en un plazo de 72 horas, según informan fuentes cercanas al caso.
El plazo terminaría el lunes, al no ser el sábado ni el domingo, días hábiles para la Justicia. La entidad lo único que hasta la fecha ha confirmado de todo el escándalo es la existencia de que hubo una relación contractual con el grupo Cenyt, perteneciente a Villarejo, desde 2004, pero ha negado en todo momento las posibles irregularidades y nunca ha querido informar de cuántos contratos mantuvo con el expolicía. Fuentes de la entidad señalan que BBVA ha colaborado y colaborará con las autoridades judiciales, respetando los principios y garantías que rigen los procedimientos judiciales.
Por el momento, los papeles de Villarejo han revelado la existencia de dos contratos con BBVA. El primero de ellos se firmó a finales de 2004 para frenar la operación de asalto de Sacyr al banco por un importe de medio millón de euros. El segundo, de 2012 a 2017, con el objetivo de investigar a la asociación de consumidores Ausbanc.
El requerimiento del juez se produce después de la publicación que presuntamente liga a la entidad y a Villarejo con el incendio de la Torre Windsor, en febrero de 2005, que produjo la destrucción y quema de infinidad de documentación, entre ellos toda la relacionada con la venta de FG Valores (sociedad de Francisco González) a Merrill Lynch.
Por aquel entonces, el expresidente ejecutivo de BBVA se enfrentaba a una investigación llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción ante posibles irregularidades en la operación de desinversión de esta compañía. Hay que tener en cuenta que en febrero de 2005 estaba en marcha el plan para boicotear la toma de control del banco por parte de Sacyr.
En los papeles de Villarejo para BBVA, el exinspector señala que los documentos que supuestamente inculpaban a FG estaban en manos de la consultora Deloitte, que entonces, tenía su sede en la planta 23 del edificio Windsor. La propia firma reconoció en marzo de 2005 a la Fiscalía Anticorrupción que el incendio destruyó toda la documentación que tenía sobre la venta de FG Valores.
FG, en la diana
El juez de la Audiencia Nacional ha situado en los últimos días a González en el centro de su investigación. El magistrado García-Castellón busca desentrañar la relación directa del presidente de honor de la entidad con la contratación del excomisario. Cabe recordar que BBVA inició el pasado mes de junio una investigación interna de la mano del despacho de abogados Garrigues para esclarecer los hechos que, hasta el momento, según informó ayer el propio banco no ha descubierto ningún indicio de delito.
Esta investigación interna fue reforzada a mediados de enero con la contratación de la consultora PwC y el bufete Uría para intentar acelerar el análisis. Aún así, el banco considera que sus pesquisas tardarán tiempo y podrían alargarse incluso doce meses debido a las dificultades técnicas y legales y la ingente cantidad de datos que se están revisando, entre los que se incluyen los correos electrónicos de Francisco González y del actual presidente ejecutivo, Carlos Torres.
