BBVA se ha pronunciado por primera vez sobre los riesgos en los que puede incurrir el banco por las presuntas escuchas ilegales que el excomisario José Manuel Villarejo realizó para la entidad. El grupo financiero ha comunicado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la contratación de "actividades presuntamente irregulares" que llevó a cabo el expolicía desde finales de 2004 y hasta los últimos años para la entidad, de confirmarse, "podrían tener un impacto reputacional negativo para el banco" y también, en el patrimonio del mismo.
La entidad que preside Carlos Torres ha reconocido al mercado, a través de su informe de Gobierno corporativo, en el que debe incluir los riesgos reputacionales y de corrupción a los que se enfrenta la sociedad, que BBVA está inmerso "en investigaciones por las autoridades judiciales". Así, asegura que el grupo hace un seguimiento constante de los mismos para realizar provisiones con las que afrontar las responsabilidades que se puedan dirimir de los mismos.
Por tanto, aunque el caso Villarejo aún esté en una fase inicial de la instrucción, podría tener un impacto negativo en las cuentas de la entidad. No obstante, BBVA señala que el resultado de las referidas acciones y procedimientos "es difícil" de predecir por lo que "en el caso de modificación de criterios jurisprudenciales o resultados inesperados de alguno de estos litigios, pueden que las provisiones dotadas resulten insuficientes".
El banco defiende ante la CNMV, en el marco del apartado del informe en el que debe expresar los riesgos por corrupción en los que está envuelto, que las actitudes y comportamientos del grupo y de sus integrantes "están regidas por los principios de integridad, honestidad, visión a largo plazo y mejores prácticas", gracias al modelo de Control Interno, al Código de Conducta, la estrategia fiscal y la estrategia de Negocio Responsable del grupo.
Asimismo, el banco asegura que los consejeros tienen la obligación de informar al órgano gestor del grupo si están inmersos en un procedimiento judicial o se haya dictado juicio oral contra ellos. Según el banco, de momento, no se ha dado el caso entre ninguno de los miembros del consejo de administración. Cabe recordar que el anterior presidente ejecutivo del banco, Francisco González, en la actualidad no tiene ningún cargo en el órgano rector, pero sí ha sido distinguido con un puesto honorífico en el grupo, por el que tiene derecho a despacho, secretaria y coche oficial. La presidencia honorífica es poco común en las empresas españolas, por lo que González podría estar considerado como consejero en los supuestos antes citados, máxime cuando ha estado al mando de BBVA durante dos decenios y era su máximo responsable en el momento en que se produjeron las escuchas ilegales.
De momento se conoce que BBVA contrató a Villarejo para al menos dos trabajos, evitar el asalto de Sacyr al banco entre finales de 2004 e inicios de 2005, e investigar a la asociación de consumidores Ausbanc en 2012. El banco pagó facturas al expolicía desde 2005 hasta finales de 2017 por una cuantía global de 5,5 millones de euros. En el caso de abortar la operación de la constructora entonces encabezada por Luis del Rivero, Villarejo llegó a pinchar más de 16.000 llamadas, de las que más de 40 conversaciones espiadas eran de miembros del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Entre los políticos espiados están la exvicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega; el exjefe de la Oficina Económica de La Moncloa, Miguel Sebastián; el exministro de Industria, José Montilla; o el exministro de Economía, Pedro Solbes. Del mismo modo, se intervinieron conversaciones del entonces director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato; del excopresidente de BBVA, Emilio Ybarra, o del entonces número dos de la CNMV, Carlos Arenillas.
Cabe recordar, que en el marco de los trabajos para evitar que Sacyr se hiciera con una participación significativa de BBVA que le diera acceso al consejo de administración y fuerza para derrocar a González de la presidencia, el excomisario Villarejo también pinchó llamadas a toda la banca española, siempre según los papeles del expolicía a los que ha tenido acceso este diario.
