La red de espionaje creada por el excomisario Villarejo para BBVA en 2004 y 2005 contaba con un plan de acción muy estudiado, basado en varias fases, con el fin de que tuviera éxito, es decir, que Sacyr desistiera de su proyecto de asalto al banco y que Francisco González se mantuviera en la presidencia.
La operación diseñada, según se describe en los informes elaborados por el equipo del exinspector de la Policía, tenía como fin recabar todos los datos posibles del denominado grupo hostil -que estaba liderado por miembros del Gobierno socialista de entonces y los accionistas de la constructora-. Para ello las empresas de Villajero, que cobraron al menos algo más de medio millón de euros por su trabajo, tuvieron, entre otras cosas, que pinchar llamadas telefónicas, hacer seguimientos, mantener encuentros con miembros de los Servicios de Información de Inteligencia del Estado español y extranjeros, contactar con medios de comunicación para filtrar determinada información y presentar demandas en los tribunales.
El resumen de actuación elaborado por Villarejo, fechado el 30 de marzo de 2005, sobre el entramado ilegal, indica que se analizaron 16.487 comunicaciones que fueron controladas desde el 25 de noviembre de 2004 hasta el 26 de febrero de 2005 tanto realizadas desde móviles como desde fijos en oficinas y domicilios privados. El informe destaca que fueron interceptadas 869 conversaciones, de las que solo el 5% contenía información relevante, entre las que destacan las hechas por el exjefe de la Oficina Económica de Moncloa, Miguel Sebastián; el exvicepresidente de la CNMV, Carlos Arenillas; el expresidente de la sociedad Intermoney, José Pérez; el exvicepresidente de BBVA, Jesús María Caínzos; el empresario Juan Abelló; el expresidente de Sacyr, Luis del Rivero; el expresidente de Banco Santander, Emilio Botín; y la exvicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
La red, que presuntamente trabajó con la autorización previa de la alta dirección de BBVA, llevó a cabo también una minuciosa vigilancia a miembros del grupo hostil a través de seguimientos físicos, algunos de ellos en el extranjero (Suiza, Portugal, Italia o Chile). Para perseguir a los individuos en movimiento y controlar sus reuniones o citas, el equipo de Villarejo empleó 7.150 horas, mientras que para los objetivos fijos, es decir, vehículos, domicilios, restaurantes y bares, otras 7.480 horas. Además, tuvo que dedicar unas 1.675 horas a controles aleatorios y de contravigilancia.
Para poder efectuar tanto las escuchas como los seguimientos, las empresas del excomisario tuvieron que apoyarse en fuentes externas, entre las que sobresalen los cuerpos de Información e Inteligencia del Gobierno, con lo que el equipo de la trama mantuvo 73 reuniones, según el resumen de actuación. Asimismo, contactó con la Inteligencia de otros países a través de 27 encuentros. La sinopsis de la operación recoge cómo hubo también acercamientos -49- a "entornos privados y cercanos" de los miembros del grupo hostil, además de a especialistas en economía, bolsa y mercados, así como a periodistas.
Hermetismo
Con toda la información recabada, en casos de carácter personal, las empresas del excomisario iban elaborando informes y ofrecían los resultados a BBVA, a través principalmente de su exdirector de Seguridad, Julio Corrochano, con el fin de preservar el hermetismo de la operación y evitar riesgos de filtraciones. Los colaboradores de Villarejo tuvieron que analizar 87.000 páginas de documentos sobre información abierta, para lo que tardaron 1.150 horas, además de otros 19.800 escritos y soportes con referencias obtenidas de fuentes, informadores, colaboradores, escuchas y vigilancias, para lo que destinaron 975 horas.
En concreto, se emitieron 70 informes escritos, con sus gráficos, anexos, avances y estudios puntuales correspondientes; aproximadamente 95 informes verbales mediante contactos personales y conversaciones telefónicas. Según el resumen final del Proyecto Trampa -que inicialmente se denominó Proyecto FG, Villarejo confeccionó 1.790 páginas que posteriormente fueron entregadas al banco.
Según este documento, que forma parte de toda la información que está siendo investigada por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción desde junio de 2018, "el departamento jurídico" de BBVA indicó que con el montaje de todo este dispositivo "solo quería que se contactara con los accionistas de Sacyr para poder convencerlos de que actuaran a favor de FG (Francisco González)". El equipo de Villarejo, sin embargo, consideró crucial "emplear toda la energía posible en buscar elementos de presión contra la diferentes miembros del grupo hostil para obligarles a huir".
Gracias a toda la información lograda, de manera legal e ilegal, el exinspector pudo conseguir datos puntuales relevantes para el banco. Entre esos hace hincapié en los 23 encuentros detectados de distintos miembros del grupo hostil con medios financieros; 49 citas entre éstos con periodistas, políticos o colaboradores; 19 planes de actuación contra el entorno y las comunicaciones del presidente de la entidad; además de informaciones sobre problemas personales de Sebastián, sobre la intervención activa de Botín, Société Générale y sobre una causa judicial de José Manuel Loureda, entonces accionista de referencia de Sacyr.
Las cuestiones personales, a las que tuvo acceso, fueron claves, según se resalta en los informes en manos de la Justicia, para que la operación de Sacyr, con apoyo del Gobierno de Zapatero, fracasara. Los trapos sucios facilitaron que el asalto al banco se frustrara, ya que los afectados prefirieron abandonar el grupo hostil para evitar que determinadas informaciones sobre su vida salieran a la luz.
En este sentido, el resumen de la operativa hace una larga enumeración de acciones de colapso de calado que permitieron el triunfo de González y BBVA en su guerra para mantener el control de la entidad. Entre estas intervenciones se encuentran los 14 intentos de interceptación del móvil de Sebastián, que le provocaron la avería de dos equipos tecnológicos a las empresas de Villarejo, o los 28 incidentes de comunicación y mensajes a éste dirigente político y su supuesta pareja sentimental Maurici Lucena.
El trabajo de Villarejo, tras acumular la información pertinente, consistió también en contactar con Laureda y con uno de sus hijos para recordarle los problemas del progenitor con la Justicia de Chile y en avisar al exconsejero de BBVA, José Domingo Ampuero, de que no era coincidencia su imputación por el caso de las cuentas secretas del banco, que denunció el propio González.
Asimismo, pone el acento en las 87 acciones de desinformación en medios de comunicación que finalmente no fueron publicadas, aunque su contenido se transmitió a quienes estaba previsto que llegaran, como en las 68 medidas similares en ámbitos económico-políticos sobre crisis de valores que se provocarían en bolsa, "pagos de soborno y financiación ilegales a políticos...". Del mismo modo, se informó al empresario Fernando Martín -entonces socio de Sacyr- de una comida que había mantenido el 14 de enero en el restaurante El Bocado Miguel Sebastián y la exministra y diputada de la Comunidad de Madrid Matilde Fernández, en la que habían tratado sobre su responsabilidad en una querella sobre la Operación Chamartín, uno de los principales proyectos inmobiliarios que se estaban fraguando en España en ese momento.
Equipos técnicos y humanos
La ejecución de la red de espionaje y vigilancia desarrollado por las empresas de Villarejo a petición de BBVA -que hace unas semanas admitió su contratación- fue posible por la participación de ocho equipos especializados y por la tenencia de medios técnicos, tales como dispositivos de comunicaciones, bases estáticas y de emergencias, sistemas de audio para grabaciones tanto convencionales como para ambientes hostiles, herramientas ópticas captadoras de imágenes en situaciones adversas, doce coches y cinco motos y aparatos electrónicos para acceder a determinados bancos de datos.
A pesar de todas las medidas, Villarejo no consiguió todos sus propósitos y, según cuenta en los informes, hubo infinidad de intentos fallidos, como 36 vigilancias abortadas, siete persecuciones sin identificar los objetivos y una serie de encuentros para acaparar información. Esto se debió a que el CNI, a petición de Sebastián, intervino con contramedidas, al igual que los servicios contratados por el grupo hostil para defenderse de los ataques.
Ahora, 14 años después, tras conocerse algunos de los detalles de la red de espionaje, BBVA ha puesto en marcha una investigación interna, con ayuda de asesores externos, para aclarar lo sucedido y depurar posibles responsabilidades a través de las decisiones adecuadas, como una demanda al que es todavía su presidente de honor, Francisco González.
