La entrada en vigor de la reforma hipotecaria a mediados de junio supuso que ese mes la banca redujera un 20,6% el volumen de préstamos para la adquisición de viviendas a los hogares. En lo que llevamos de ejercicio los importes de estos créditos, al igual que los de consumo o pymes, se habían venido ralentizando con respecto a 2018, pero hasta ahora las hipotecas habían escapado de experimentar caídas, salvo en abril por el efecto de la Semana Santa.
El exjefe de Seguridad de BBVA, Julio Corrochano, y el excomisario José Manuel Villarejo despachaban de forma clara y sin tapujos todos los asuntos relativos a las presuntos espionajes que encargaba el banco.
La petición de la Fiscalía Anticorrupción para imputar a BBVA llegará en cuestión de días, según fuentes jurídicas. El Ministerio Público apunta a solicitar que se investigue al banco como persona jurídica en el caso antes de que finalice el mes de julio. No obstante, una vez presentada la solicitud, el juez titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, tomará una decisión al respecto. Aunque habitualmente el mes de agosto en la justicia es inhábil, lo que llevaría a señalar que la decisión del magistrado podría extenderse a la vuelta de las vacaciones, las mismas fuentes apuntan a que agosto "no es tan inhábil" al respecto.
Julio Corrochano, el que fue jefe de Seguridad de BBVA hasta mayo de 2018, y mantenía periódicamente informado al presidente del banco, Francisco González, y al exconsejero delegado, Ángel Cano, de los presuntos espionajes que hacía José Manuel Villarejo conocía que el excomisario utilizaba los recursos de la Policía Nacional para llevar a cabo los trabajos que le encarga la entidad azul. El comisario no sólo se sirvió de los recursos de los cuerpos de seguridad españoles para espiar a Sacyr entre 2004 y 2005, como señala el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, también ofreció a Corrochano volver a utilizarlos para la presunta investigación encargada sobre el constructor Fernando Martín y el expresidente de Colonial, Luis Portillo.
El exconsejero delegado de BBVA, Ángel Cano, conocía que el banco contrataba al excomisario José Manuel Villarejo para realizar los presuntos espionaje y, además, mantenía un seguimiento sobre las investigaciones que llevaba a cabo el expolicía. El exdirector de Seguridad de la entidad, Julio Corrochano, admitió en una conversación que mantuvo con Villarejo a finales de 2009 que mantenía informado a su jefe, Ángel Cano, de los avances que llevaba a cabo el exinspector sobre las investigaciones al constructor Fernando Martín y al entonces presidente de Colonial, Luis Portillo, según se refleja en la información a la que ha tenido acceso elEconomista.
El que fue consejero delegado de BBVA entre 2009 y 2015, Ángel Cano, también se ha negado a declarar ante el juez, como hizo Julio Corrachano el pasado viernes. El exdirectivo de la entidad salía a las 10:30 de la sede de la Audiencia Nacional, media hora después de su entrada, y ha asegurado a los medios de comunicación que se ha acogido a su derecho a no declarar y no ha aportado ningún documento al magistrado que instruye el caso, Manuel García-Castellón. Cano estaba citado para el pasado día 4, pero no acudió por encontrarse fuera de España.
El excomisario José Manuel Villarejo se ha desmarcado hoy del expresidente de BBVA, Francisco González (FG), al asegurar ante el juez y los dos fiscales Anticorrupción que nunca ha hablado ni se ha reunido con el banquero. El expolicía declaró ayer en calidad de imputado desde la cárcel de Estremera (Madrid) al no poder desplazarse a la Audiencia Nacional por problemas de salud, por lo que tanto el magistrado como los fiscales acudieron a la prisión.
Las hipotecas inversas apenas han atraído, por ahora, clientes. Según el Libro Blanco sobre este producto elaborado por Óptima Mayores, en 2018 únicamente se constituyeron 50 préstamos de este tipo, que tienen por objeto facilitar a las personas una jubilación más tranquila al conseguir financiación con su vivienda.
Hace un año iDental cerró todas sus clínicas en España y dejó atrapados a miles de pacientes. Se estima que los afectados se acercan al medio millón.