El excomisario José Manuel Villarejo se ha desmarcado hoy del expresidente de BBVA, Francisco González (FG), al asegurar ante el juez y los dos fiscales Anticorrupción que nunca ha hablado ni se ha reunido con el banquero. El expolicía declaró ayer en calidad de imputado desde la cárcel de Estremera (Madrid) al no poder desplazarse a la Audiencia Nacional por problemas de salud, por lo que tanto el magistrado como los fiscales acudieron a la prisión.
Virrarejo apuntó en su declaración que su contacto con el banco era el exjefe de Seguridad de la entidad, Julio Corrochano. El comisario jubilado de hecho, admitió, que fue con Corrochano con quién firmó los contratos con el grupo financiero, según apuntó ayer su abogado, Antonio José García-Cabrera, ante las cámaras de La Sexta.
No obstante, el exinspector rechazó pronunciarse sobre la implicación de FG en los presuntos encargos de espionaje. Su letrado incidió en que debe ser el juez que instruye el caso, Manuel García-Castellón, el que determine el papel del expresidente de la entidad en la trama.
Admite trabajos
Según Villarejo, BBVA contratá a su empresa Cenyt para la "recuperación de saldos morosos" que era una actividad "totalmente lícita". Con estas palabras consensúa la declaración de Antonio Béjar, antiguo responsable de inmobiliario del banco y actual presidente de Distrito Castellana Norte quien declaró la semana pasada (también como imputado) que el banco contrató a las firmas del expolicía para que hicieran servicios de recuperación de cuantías morosas. Bájer reconoció que hubo contratos entre 2010 y 2014 para estos servicios. Según se desprende de los documentos del excomisario, el banco, supuestamente requirió en diciembre de 2009 los servicios del exinspector para investigar al constructor Fernando Martín y al expresidente de Colonial, Luis Portillo, porque ambos tenían deudas del banco. No obstante, según las grabaciones que han salido a la luz, presuntamente el banco buscaba tener esta información para llegar a un acuerdo extrajudicial con Martín y Portillo.
Por otro lado, Villarejo mantiene su versión de que el encargo para frenar el asalto de Sacyr a BBVA que llevó a un espionaje masivo entre 2004 y 2005 a empresarios y políticos tenía relación con la seguridad del Estado. "No se hizo ningún tipo de espionaje sino un encargo de Estado en interés de la soberanía nacional, económica y política de España", dijo el abogado. Según su cliente, este trabajo le fue encargado por los servicios de inteligencia y no se enmarca como espionaje sino como una labor defensiva del banco en sus propios intereses.
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