El juez del caso Villarejo ha decretado libertad bajo fianza de 300.000 euros para el exjefe de Seguridad del BBVA y excomisario general de Policía Judicial, Julio Corrochano, en la pieza en la que se investiga el espionaje que la entidad bancaria supuestamente encargó a José Villarejo.
Según han informado fuentes jurídicas, el juez, que ha adoptado esta decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción, le ha dado un plazo de 15 días para abonar la fianza, de lo contrario, ingresará en prisión. Una vez depositada, se le retirará el pasaporte y se le impondrá la prohibición de salir de España y comparecencias mensuales en el juzgado más próximo a su domicilio.
Corrochano había sido citado esta mañana a declarar por el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, como imputado por cohecho activo y revelación de secretos. Sin embargo el exdirector de Seguridad de la entidad se ha acogido a su derecho a no declarar, siguiendo la misma senda de los directivos de BBVA imputados que han sido citados entre ayer y hoy.
Por su parte, Rafael Redondo, abogado y ex socio del excomisario José Manuel Villarejo ha sido el único que ha comparecido en esta ronda de declaraciones por los presuntos espionajes encargados por la entidad al expolicía entre 2004 y 2012.
Los dos fiscales del caso sólo han pedido medidas cautelares para Julio Corrochano de los nueve imputados en el caso. No obstante, cabe destacar que ayer dos de los investigados dieron 'plantón' al juez por encontrarse fuera del país. Tanto el exconsejero delegado de BBVA, Ángel Cano, como el consejero de la filial turca Garanti, Ricardo Gómez Barredo, argumentaron al titular del Juzgado Central de Instrucción número 9 que se encontraban en el extranjero, según fuentes jurídicas.
El magistrado volvió a citar a Cano y Gómez Barredo para el próximo día 11 de julio a las 10 horas. El exconsejero delegado de la entidad entre 2009 y 2015 (y por tanto mano derecha de Francisco González durante ese periodo) fue antes director de Recursos Humanos y Servicios Técnicos del banco y, por tanto, jefe directo de Corrochano. De hecho, el exdirector de Seguridad se refiere a Cano como su superior en los audios que grabó Villarejo y guardó del caso. Habrá que esperar al próximo día 11 para conocer si la Fiscalía pide medidas cautelares contra el exconsejero delegado de la entidad como ha hecho con Corrochano.
Por otro lado, Rafael Redondo también supone una pieza clave en el entramado de espionaje. El abogado trabajó en las empresas de Villarejo y, varios de los dosieres que el excomisario presuntamente pasó a BBVA a modo de seguimiento de las investigaciones, estaban elaborados por él, según se desprenden de los papeles del excomisarios a los que ha tenido acceso este diario.
Asimismo, en la investigación realizada entre 2004 y 2005 para frenar el asalto de Sacyr a la entidad, el expolicía creó una asociación de accionistas falsa para presionar en el seno de la constructora contra la idea de comprar acciones del banco. Dicha asocación fue fundada por Redondo, según los documentos de constitución.
Control de los morosos
De momento Antonio Béjar, presidente de Distrito Castellana Norte, firma participada por BBVA, ha sido el único directivo del banco que ha declarado y sólo a respuestas de su abogado, Javier Gómez Bermúdez. Béjar, que fue responsable del área inmboliaria de BBVA, aseguró que el banco contrató entre 2010 y 2014 a Cenyt, firma de Villarejo, para controlar a los morosos. Sin embargo, negó saber entonces que el excomisario estaba detrás de Cenyt y haber hablado alguna vez con él.
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