El paso dado por el juez Manuel García Castellón de iniciar la ronda de declaraciones para acelerar la investigación del caso BBVA-Villarejo constituye un hito en el proceso para esclarecer las supuestas escuchas ilegales encargadas por el banco durante la presidencia de Francisco González. La entidad lleva un año indagando de manera interna lo sucedido entre 2004 y 2018, pero aún no ha concluido el procedimiento y no tiene conclusiones sobre las mismas.
Desde que estalló públicamente el escándalo, en enero, los supervisores han venido reclamando con insistencia celeridad en la investigación interna, pero los mensajes de BBVA se han ido modulando para colocar a la decisión de la Audiencia Nacional como prioritaria debido a la escasez de medios y sus posibilidades para recabar datos.
El último tirón de orejas se produjo a mediados de junio, cuando el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, solicitó en un acto patrocinado precisamente por el banco, no sólo rapidez en la culminación de dichas pesquisas, sino también profundidad en los hechos analizados. El objetivo es limitar el impacto sobre la reputación del que es el segundo grupo financiero del país y su contagio al resto del sistema, además de depurar las responsabilidades que sean oportunas.
De hecho, en las imputaciones conocidas este martes seis de los ocho altos ejecutivos de la entidad, aún permanecen el equipo directivo o están ligados de alguna manera, representándolo en alguna filial o compañía participada.
El banco decidió externalizar las investigaciones contratando a PwC y el despacho Uría Menéndez
En enero, cuando se destapó el caso, el banco decidió externalizar el trabajo de las investigaciones internas con la contratación de PwC y el despacho Uría Menéndez. Hasta la fecha, BBVA había trabajado con el apoyo de Garrigues. La intención es cerrar el análisis en el menor tiempo posible, pero el banco se está enfrentando a una cantidad ingente de documentos, lo que requiere su tiempo. Según ha declarado en alguna ocasión Torres, se está hablando de "terabytes y de millones de documentos", algunos de los cuales es necesario buscarlos porque son muy antiguos.
Con la investigación interna, BBVA rastrea cualquier papel que acredite que la entidad encargó las supuesta escuchas ilegales que describe el expolicía Juan Manuel Villarejo para derribar la ofensiva de control de Sacyr; para atacar a la asociación Ausbanc; y para presionar a los empresarios inmobiliarios Fernando Martín y Luis del Portillo.
Lo único que ha aclarado hasta la fecha, desde que en junio del año pasado, inició la labor de análisis, es que contrató a la empresa de Villarejo Cenyt, pero no con qué fin y con qué medios. Desde el banco, no obstante, siempre se ha defendido la inocencia de sus responsables hasta que no se demuestre lo contrario y que no hay rastros de prácticas ilícitas.
