BBVA ha reconocido a la CNMV que no puede "asegurar que todos los directivos y empleados, más de 125.000 personas, o aquellas que hacen negocios con nosotros cumplan en todo momentos nuestros principios éticos". Esta admisión se produce después de que el banco se haya visto salpicado por el caso Villarejo, en el que podría verse implicado su expresidente ejecutivo y de honor, Francisco González (conocido como FG), entre otros máximos responsables. De esta manera, intenta desligarse del escándalo y rechazar cualquier tipo de responsabilidad en las eventuales irregularidades o delitos
La entidad indica en un documento remitido ayer al regulador de los mercados que estos principios se incluyen en un Código de Conducta aplicable para todas las compañías y personas que forman parte del grupo con el fin de "reforzar nuestros valores y normas de comportamiento". Pero lo que omite en el informe es que dicho código fue impulsado por González, quien ya se enfrenta a una primera querella directamente contra él ante la Audiencia Nacional por la causa de las escuchas ilegales a empresarios, políticos, periodistas y organizaciones de consumidores entre 2004 y 2017.
Como en documentos anteriores remitidos tanto a la CNMV como al supervisor estadounidense SEC, el banco informa de que está llevando a cabo una investigación interna, encargada a PwC, sobre las acusaciones de actividades indebidas en relación a la contratación de Villarejo y que no puede "predecir el alcance o la duración de la misma". Asimismo, indica que los actos de mala conducta por parte de cualquier empleado, "y en particular por parte de la alta dirección", podrían "erosionar la confianza y la seguridad, y dañar la reputación del grupo entre los clientes actuales y potenciales".
El banco añade que "la falta de observación, ya sea real o percibida, de nuestros principios éticos, o el incumplimiento de las obligaciones normativas o de buen gobierno podrían perjudicar a nuestra reputación, someternos a un escrutinio regulatorio adicional, o afectar negativamente el negocio, la situación financiera y los resultados del grupo". El nuevo presidente de BBVA, Carlos Torres, ha intentado desligarse del caso Villarejo y de la etapa de Francisco González, a pesar de que siempre ha defendido su honorabilidad y su forma de trabajar, afirmando incluso que es una guía para él. En pleno estallido del escándalo, el pasado enero, Torres presionó a González para que dejara su recién estrenada presidencia de honor del banco y de la Fundación del mismo ante las insistentes peticiones por parte de los reguladores, banqueros y políticos.
Renuncia a los honores
La dimisión del cargo de distinción, que por ahora es temporal, no se produjo hasta mediados de marzo, horas antes de que la entidad celebrara su junta general de accionistas. Esta asamblea se presagiaba complicada para Torres, ya que distintos socios habían expresado ya su malestar con la gestión de la crisis provocada por el causa judicial. González, tras la renuncia, ha perdido todos los privilegios aparejados al puesto, entre los que destacan el despacho en un palacio de la entidad en el centro de Madrid y la asignación de una secretaria, aunque mantiene los servicios de seguridad a cargo del banco como otros expresidentes. BBVA, en el documento, hace hincapié en que el caso de las escuchas, por las que se espió a Sacyr, Fernando Martín, Luis Portillo y Ausbanc, está en manos de la Justicia y que está cooperando con los tribunales para esclarecer lo sucedido.
De hecho, en las últimas declaraciones, la nueva cúpula del grupo financiero apuntan la importancia de las decisiones que adopte la Audiencia Nacional, que investiga los acontecimientos desde el pasado mayo, un mes antes de que el banco iniciara su análisis interno. Torres ha señalado que las autoridades judiciales cuentan con los medios suficientes para poder aclarar y dilucidar las eventuales responsabilidades. "Nosotros solo tenemos acceso a la documentación que obra en manos del banco y no podemos investigar la información que no lo está", ha indicado en alguna ocasión, señalando que "la Justicia puede ir más lejos".
El presidente de BBVA ha advertido en más de una ocasión que la investigación interna es compleja y se alargará por la cantidad de datos y documentos que se están mirando, por lo que podría durar al menos hasta finales de este año. Un equipo de unas cincuenta personas trabajan en el denominado informe forensic, que lidera la consultora PwC desde mediados de enero. El resultado del mismo, según Torres, se desconoce y podría no inducir a conclusiones definitivas.
