El excomisario de la Policía José Villarejo creó la Asociación para la Protección de Inversores de Sacyr para boicotear el asalto de la constructora a BBVA y el consiguiente intento de derrocar a su entonces presidente, Francisco González. La asociación nació con el objetivo de aunar a los inversores minoristas de la constructora que fueran contrarios a la toma de una participación accionarial de la entidad para aglutinar una representación del 5% de Sacyr que les diera voz y voto en la junta de accionistas y bloquear la operación, según se desprende de los documentos que investiga la Audiencia Nacional en la pieza separada sobre BBVA.
El comisario Villarejo promovió el nacimiento de esta institución que puso directamente a disposición del banco junto con una hoja de ruta a seguir en el caso de que fuera necesaria su activación. Entre los objetivos de la misma, además de aunar la fuerza suficiente para oponerse a la junta y al consejo de administración de la constructora, también estaba contar con un peso relevante para poder denunciar la situación ante los distintos medios de comunicación.
Su socio, al frente
El exinspector se sirvió para crear la agrupación del considerado su socio, el abogado Rafael Redondo, también imputado por la Audiencia Nacional en la operación Tándem que investiga las operaciones de Villarejo. Redondo, en libertad provisional desde el pasado mes de septiembre, tras siete meses entre rejas por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales, constituyó la agrupación de inversores minoristas a finales de 2004. El abogado ocupó el cargo de tesorero y secretario de la misma.
La asociación fue domiciliada en el número 91 del Paseo de la Castellana, a escasos metros de la Torre Picasso de Madrid, edificio desde donde operaba la consultora Cenyt. Esta compañía, propiedad de Villarejo, fue la que contrató BBVA con el presunto objetivo de controlar a los protagonistas del asalto al banco.
Además de esta asociación, el comisario también monitorizó los pasos de una segunda agrupación, la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes, que en enero de 2005 llegó a presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero; el exaccionista de la constructora Juan Abelló; o los exconsejeros Demetrio Carceller y Matías Cortés, entre otros, por su actuación en la operación de toma de control de BBVA por parte de la constructora.
Estas actuaciones judiciales acusaban a los demandados de los presuntos delitos de uso de información relevante para la cotización de valores, imposición de acuerdos abusivos con ánimo de lucro en perjuicio de los demás socios e impedimento de la actuación de las autoridades inspectoras y supervisoras.
El plan de Villarejo de utilizar asociaciones de accionistas para minar las intenciones de Sacyr forman parte de las operaciones que llevó a cabo para el banco bajo este mismo objetivo, entre las que se encuentra el control de las llamadas telefónicas a políticos del momento y grandes empresarios para desmontar la trama.
