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Mon, 09 Nov 2020 21:26:17 +0100
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Es bien conocida la tensión que la futura Ley de Vivienda del Gobierno, en la que se incluirá la limitación de los alquileres residenciales, provoca en los ayuntamientos. No en vano serán los municipios el último eslabón de esta norma, los garantes de que se cumplen los topes máximos fijados por los arrendamientos. El Consistorio de Madrid ya ha alzado la voz, asegurando que no está dispuesto a aplicar una norma que atenta contra la libre competencia y a responsabilizarse de los conflictos judiciales que, con toda seguridad, generará en el futuro. Pero más llamativo resulta, según se rumorea, el respaldo que la actitud combativa del equipo del alcalde José Luis Martínez-Almeida está recibiendo, incluso proveniente de municipios gobernados por el PSOE. Al parecer, hay ya primeros ediles socialistas que están molestos con una norma que, de acuerdo con sus temores, “no tendrá criterios claros y que será obligatoria incluso en ciudades donde el mercado del alquiler funciona sin problemas”. “Muchos alcaldes se temen que tendrán que dar la cara por una ley que no les es de ninguna utilidad y por ello se avecina una rebelión de municipios”, según anticipa un experto en el funcionamiento del mercado inmobiliario español.