Los nuevos tiempos reclaman más que nunca un compromiso político y jurídico firme ante el desafío de la crisis ecológica que vivimos. Una crisis que demanda una respuesta concordada y colectiva, una responsabilidad compartida que se trace de forma instrumentada dentro de un marco jurídico segura y armonizado. La respuesta de la Unión Europea ha sido impulsar el desarrollo sostenible y la economía circular. Pero la transposición de los Estados miembros no siempre es ambiciosa ni rápida, siendo buen ejemplo de esto último España.