Los nuevos tiempos reclaman más que nunca un compromiso político y jurídico firme ante el desafío de la crisis ecológica que vivimos. Una crisis que demanda una respuesta concordada y colectiva, una responsabilidad compartida que se trace de forma instrumentada dentro de un marco jurídico segura y armonizado. La respuesta de la Unión Europea ha sido impulsar el desarrollo sostenible y la economía circular. Pero la transposición de los Estados miembros no siempre es ambiciosa ni rápida, siendo buen ejemplo de esto último España.
El antecedente de este viaje de transposición lo encontramos en el mes de octubre del año 2018, cuando la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental propuso una revisión puntual de la normativa de envases a través de un Proyecto de Real Decreto por el que se modificaba la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases y el Real Decreto 782/1998. Recordemos que los envases son el único flujo de residuos que no se han revisado desde la publicación de la Ley de residuos en el año 2011.
Fue en el año 2018 cuando en materia de envases se pretendieron adaptar algunos aspectos a las Directivas del 2018, en particular los relativos a los costes que debían financiarse en el marco de la responsabilidad ampliada del productor, para que los sistemas integrados de gestión financiaran a las entidades locales el coste total de la gestión de los envases recogidos selectivamente. El Ministerio señalaba así la piedra angular de la reforma europea, junto a la fijación de nuevos objetivos en materia de valorización de residuos.
La siguiente parada de nuestro viaje de transposición tuvo lugar el pasado mes de mayo de 2019, cuando el Ministerio inició esta misma fase de consulta pública previa para la transposición de la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos.
Un año después, la Secretaria de Estado de Medio Ambiente ha vuelto a iniciar un periodo de consulta pública previa sobre el Proyecto de Real Decreto de envases y residuos de envases. Lo que significa, en puridad, volver a la estación de salida de octubre de 2018 con la agravante de que esta ruta ya se iniciara en el año 2015, cuando la Comisión Europea adoptó un plan de acción para contribuir a acelerar la transición de Europa hacia una economía circular. Ciertamente, la Unión Europea aprobó en el año 2018 varias Directivas destinadas a adecuar la legislación de residuos a los retos del futuro, contribuyendo a evitar los residuos y a intensificar su reciclado.
La Directiva (UE) 2018/852, por la que se modificaba la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases, se orientaba hacia la prevención de residuos de envases, en especial a través de la reutilización y el reciclaje de alta calidad que reintroduce en el ciclo económico los materiales, como vías más eficaces para mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos y reducir el impacto medioambiental de los mismos. Pero son los Estados miembros quienes tienen que hacer suya estas medidas, siendo el plazo fijado para su transposición el 5 de julio de 2020, lo que evidencia el desfase de la consulta pública del Ministerio que vence el próximo 26 de mayo.
Ahora bien, este camino ya se ha recorrido en España por algunas Comunidades Autónomas, lo que evidencia aún más la actual parálisis del Ministerio. La Comunidad Foral de Navarra y las Illes Balears decidieron con valentía apostar por las nuevas políticas europeas de economía circular y también tiene en su haber adelantarse a la transposición de la Directiva (UE) 2019/904, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente. Así se refleja en la Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad, y en la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears. Con ello, el legislador autonómico ha mostrado el camino al Ministerio para actualizar la responsabilidad ampliada del productor, consolidar algunos conceptos clave como el de subproducto, establecer instrumentos comunes de medición y control, aumentar las restricciones al vertido de determinados productos y sustancias contaminantes y, en definitiva, mejorar el tratamiento y la gestión de los residuos producidos; todo ello, con ambición propia de mejora ambiental y desde la nueva perspectiva de la Unión Europea.
Llegados a este punto, no entendemos las dudas y el desfase en el que ahora parece incurrir la Secretaría de Medio Ambiente del Ministerio. A nuestro juicio hubiera sido preferible desde el principio hacer un decidido esfuerzo de armonización con el fin de arbitrar con carácter general las mejores herramientas de gestión de residuos, de evitar el abandono de productos y residuos en el medio natural y marino, y de conseguir el cumplimiento de los objetivos de gestión marcados por las nuevas Directivas europeas.
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