Si España cumplió en 2017 los objetivos de déficit público marcados por las autoridades comunitarias fue, en gran parte, por el buen comportamiento de los ayuntamientos, que cerraron el pasado año con un superávit del 0,6 por ciento, cuando les bastaba estar en equilibrio. Y es que los números rojos tanto de la Administración Central como de la Seguridad Social rebasaron los límites establecidos por Bruselas.