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Hacienda abre el grifo de los ayuntamientos

Si España cumplió en 2017 los objetivos de déficit público marcados por las autoridades comunitarias fue, en gran parte, por el buen comportamiento de los ayuntamientos, que cerraron el pasado año con un superávit del 0,6 por ciento, cuando les bastaba estar en equilibrio. Y es que los números rojos tanto de la Administración Central como de la Seguridad Social rebasaron los límites establecidos por Bruselas.

El desfase presupuestario fue del 3,1 por ciento del PIB, es decir, el menor desde que estalló la crisis financiera, hace ya una década. Y en ello tuvieron mucho que ver las cuentas de los entes locales, cuya salud está basada, principalmente, en la contención del gasto. De hecho, el esfuerzo de consolidación que han realizado en los últimos siete años las corporaciones locales ha sido lo que ha compensado los incumplimientos de déficit de la Administración Central y Seguridad Social. Y, con carácter general, esa consolidación fiscal se ha centrado en la reducción de la inversión pública, que ha caído a mínimos históricos.

En este sentido, la necesidad de cuadrar las cuentas y de cumplir con los objetivos presupuestarios acordados con Bruselas, así como las medidas normativas aplicadas para la reducción del déficit público, han supuesto que España acumule un déficit inversor superior a los 114.000 millones de euros en infraestructuras públicas de carácter prioritario y de elevado impacto social.

Pues bien, parece que habrá un dinamismo inversor, al menos por parte de los consistorios. Así, tras la medida adoptada por el Gobierno, se prevé un importante aumento del ritmo de licitación actual, que en estos momentos resulta insuficiente para enmendar la falta de inversiones, sin desequilibrar las cuentas públicas.

El Gobierno facilitará que los ayuntamientos inviertan en nuevos servicios públicos, después de aprobar un decreto-ley que habilita a aquellas entidades locales con superávit en el ejercicio pasado a realizar inversiones financieramente sostenibles sin necesidad de esperar a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de este año.

Es decir, Hacienda ha abierto el grifo de los ayuntamientos para evitar una sequía que amenazaba con deshidratar partidas imprescindibles para no desmantelar el Estado del Bienestar.

Este decreto-ley, en palabras del ministro Cristóbal Montoro, es fruto de un acuerdo alcanzado entre Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y del diálogo entre distintas y variopintas formaciones políticas.

La medida resulta adecuada tanto desde el punto de vista presupuestario como desde el social, ya que el callejón sin salida en el que podrían encontrarse los Presupuestos, que hasta la fecha no cuentan con los apoyos suficientes en el Congreso para ver la luz, obliga a adelantar la prórroga para 2018 del destino del superávit de las corporaciones locales.

Así, a partir de ahora, los ayuntamientos dispondrán de tiempo suficiente para desarrollar los procedimientos de ejecución de gasto, que podrán extenderse hasta 2019, en un momento político con marcado carácter electoral.

Por otra parte, gracias al acuerdo sellado entre Hacienda y la FEMP, este año se prorroga el uso del superávit presupuestario que tuvieran los ayuntamientos en 2017 y se amplían los destinos de dichas inversiones, incluyéndose nuevos servicios relativos a la seguridad y al orden público, a protección civil, a la prevención de incendios, a la asistencia social primaria y a la creación de centros docentes de enseñanza infantil y primaria.

Los ayuntamientos, pues, pueden decidir en qué quieren invertir dentro de un amplio catálogo de áreas y sectores. Pero el aumento de la inversión también se traduce en un incremento de la competitividad, en un impulso económico y de empleo, y en un crecimiento de los ingresos fiscales. Y todo ello, qué duda cabe, repercutirá de forma positiva en los ciudadanos. En definitiva, el grifo está abierto. Ahora falta por saber qué partidas se regarán.

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