La clave estratégica del populismo es la destrucción de las instituciones. Se trata de anular o, al menos, disminuir el papel de la mayor parte de leyes, organismos intermedios, asociaciones y acuerdos-implícitos o explícitos, formales o informales-que impidan al líder carismático (conocedor sin intermediarios de las necesidades de los ciudadanos) ejercer su poder una vez libre de las ataduras del procedimiento y de la ley. Ésta es la situación hacia la que nuestro país ha estado avanzando desde hace casi cinco años. El partido en el poder ha intentado colonizar los órganos de la justicia, mediatizar la prensa, controlar a los controladores independientes, penalizar arbitrariamente a las empresas, amenazar y acosar a los empresarios, manipular los precios, socavar el derecho de propiedad. El destrozo institucional, empezando por el sistema de mercado, ha sido tan intenso que se ha hecho comentario común que el partido político que está llamado al relevo en las próximas elecciones generales no tiene el ánimo ni el interés suficiente como para afrontar una tarea de reconstrucción de tal calibre. El reto requiere no sólo la energía política para enfrentarse al destrozo sanchista, sino un plan de acción específico y bien calculado.