Durante el gobierno del presidente Chávez (1999-2012) se produjo un proceso de destrucción del aparato productivo privado. La imposición de desproporcionados controles de precios que obligaban a múltiples productores a trabajar a pérdida o con unos márgenes artificialmente bajos, los compulsivos controles de producción y distribución que se les aplicó a múltiples empresas, las amenazas permanentes de fiscalizaciones, multas, confiscaciones e intervenciones, las numerosas expropiaciones arbitrarias de fundos, haciendas y otros centros de producción agrícola y, finalmente, las múltiples nacionalizaciones de empresas privadas que pasaron a ser administradas por el sector público, diezmaron al aparato productivo privado.