El pasado 25 de marzo los gobiernos de España y Portugal consiguieron lo que parecía imposible: la consideración de isla energética y el beneplácito europeo para acordar un tratamiento especial del mercado energético ibérico, tal y como se recoge en las conclusiones de uno de los consejos europeos más importantes de los últimos años. Un éxito político complejo que, de trasladarse con acierto a la economía, podría tener un efecto tractor positivo casi instantáneo en empresas y hogares.