Vicepresidenta de la Comisión Europea. Responsable comunitaria de Competencia y de Agenda Digital. Ex ministra de Interior y ex ministra de Economía Dinamarca. Aspirante, en 2019, a presidenta de la Comisión Europea. Y candidata, desde ayer, a presidir el Banco Europeo de Inversiones. La política de la liberal danesa, Margrethe Vestager, dejará un fuerte legado en la Comisión Europea, especialmente, en la política regulatoria de los gigantes tecnológicos en la UE.
La UE quiere reforzar su castigo contra Moscú por la invasión militar de Ucrania y evitar los mecanismos que le permitan eludirlos. Es así que los países de la UE han dado este miércoles el visto bueno al undécimo paquete de sanciones. Una ronda que se centra, principalmente, en represalias hacia terceros países que puedan estar colaborando con el Kremlin para que esquive las sanciones impuestas en rondas anteriores.
Al aspirante español para presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI) le ha salido un duro rival. El Gobierno de Dinamarca ha propuesto a la vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Competencia, Margrethe Vestager, como candidata a liderar la institución. Una figura política de relevancia en la escena comunitaria que ha encabezado la pugna por regular a los gigantes tecnológicos.
La Comisión Europea ha abierto este martes otro de los temas más polémicos para el bloque: el presupuesto comunitario. Con la vista puesta en el alza de los costes de endeudamiento por la subida de tipos de interés y en continuar dotando de ayuda a Ucrania, Bruselas ha pedido a los Estados miembro aumenten su contribución para el periodo 2024 y 2027 en 66.000 millones de euros.
La autonomía estratégica se ha convertido en uno de los ejes principales de la política europea. La idea es reducir las dependencias de terceros países que puedan entrañar amenazas para la seguridad de suministro comunitaria. Es así que la Comisión Europea ha presentado este martes una propuesta para mejorar la seguridad económica estratégica que contempla controles a las exportaciones, especialmente en tecnologías avanzadas.
Lo que tenían sobre la mesa este lunes los ministros de Energía de la UE era una reforma compleja. Una propuesta que la Comisión Europea presentaba en marzo de este año y que se alejaba de las pretensiones de revisión en profundidad del funcionamiento del mercado eléctrico comunitario. El encuentro, sin embargo, se ha saldado con que los Veintisiete no han sido capaces de cerrar un acuerdo.
La política industrial de la Unión Europea ha hecho de las baterías uno de los elementos tangenciales de su estrategia. Se refleja en el Perte del vehículo eléctrico y en la ley Industria Cero Emisiones con la que pretende plantar cara al paquete de subsidios estadounidense para la industria limpia. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas de la UE tiene una advertencia: el bloque corre el riesgo de quedarse atrás en su plan de convertirse en una potencia mundial en las baterías.
Bruselas plantea eliminar las trabas burocráticas y, en paralelo, luchar contra el fraude fiscal de dividendos como ocurrió con los escándalos cum-ex y cum-cum. La Comisión Europea ha propuesto este lunes una normativa para agilizar los trámites en la devolución de impuestos sobre los dividendos cuando hay doble imposición a través de la digitalización del proceso y con la introducción de un procedimiento acelerado, lo que ahorrará a los inversores unos 5.170 millones de euros al año.
El Tratado de Libre Comercio entre la UE y Mercosur sigue estancado a pesar de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, aseguró esta semana desde Brasil que espera que se ratifique "antes de que acabe el año".
Los países de la UE divergen en las fórmulas para reformar la gobernanza económica. Lo que había sido, en un primer momento, un empuje de Alemania por fijar una senda cuantitativa de reducción de la deuda para aquellos países cuyo pasivo supere niveles del 60% sobre el PIB se ha encontrado la oposición de lleno del otro de los motores de las decisiones comunitarias. Una Francia que se postula por los planes de ajuste fiscal individualizados que planteaba la Comisión Europea y rechaza reglas automáticas.