Bruselas
Bruselas plantea eliminar las trabas burocráticas y, en paralelo, luchar contra el fraude fiscal de dividendos como ocurrió con los escándalos cum-ex y cum-cum. La Comisión Europea ha propuesto este lunes una normativa para agilizar los trámites en la devolución de impuestos sobre los dividendos cuando hay doble imposición a través de la digitalización del proceso y con la introducción de un procedimiento acelerado, lo que ahorrará a los inversores unos 5.170 millones de euros al año.
Con esta propuesta, Bruselas aboga por un certificado digital de residencia fiscal para que la devolución de impuestos sea más rápida. De esta manera, un inversor que tenga una cartera diversificada en la UE solo necesitará este certificado para reclamar las diferentes devoluciones en el plazo de un año. Este mecanismo pretende sustituir a los habituales procedimientos realizados en papel.
Lo que trata de atajar Bruselas con esta propuesta legislativa es que un inversor que vive en un Estado miembro tenga que pagar también impuestos por los dividendos o intereses generados en otro país de la UE. Una situación que afecta a los inversores transfronterizos y que, a menudo, redunda en una doble imposición para ellos.
Para tratar de dar salida a esta situación varios países han sellado tratados de doble imposición, con el fin de evitar que una persona tribute dos veces. Sin embargo, estos procedimientos de devolución suelen ser largos y acostumbran a estar cargados de burocracia.
La propuesta de Bruselas incluye dos procedimientos adicionales: uno de desgravación en origen y un sistema de devolución rápida. Los Estados miembros podrán elegir cuál de ellos utilizar, o si deciden aplicar una combinación de ambos. El primero se refiere a si el tipo impositivo que se aplica en el pago de dividendos o intereses es el pactado en el acuerdo de doble tributación
Bajo el segundo mecanismo, el sistema de devolución rápida, el pago inicial se efectúa teniendo en cuenta el tipo de retención que aplica el Estado miembro en el que se pagan los dividendos o intereses. Con este procedimiento, se garantiza la devolución de impuestos excesivos en un periodo de 50 días desde el día de la fecha de pago.
"Estamos determinados a luchar contra el fraude fiscal y estamos profundamente preocupados por los escándalos cum-ex y cum-cum en los que los que se abusó del proceso de devolución de impuestos", ha señalado Gentiloni que cuantificó el fraude fiscal en unas pérdidas de 150.000 millones de euros entre el año 2000 y 2020.
"Por ello, nuestra propuesta incluye una obligación estándar a lo largo de la cadena financiera que debería ayudar a las administraciones tributarias a monitorizar más efectivamente lo que pagan los contribuyentes", ha razonado Gentiloni. Los intermediarios financieros comunitarios y no comunitarios tendrán que informar a los Estados miembro.
El comisario italiano se refiere a los escándalos de evasión fiscal cum-ex y cum cum. El primero de ellos se basa en reclamar devoluciones de impuestos que no se llegaron a pagar. Con esta táctica, las acciones se venden antes del pago de un dividendo, pero se devuelven más tarde, por lo crea confusión sobre quien posee las acciones y permite reclamar desembolsos sobre la retención de impuestos.
El esquema cum-cum, por otro lado, se aplica cuando los inversiones nacionales y extranjeros tributan de forma distinta. Así el inversor extranjero vende acciones, antes del pago de dividendo, a un inversor nacional del país en el que cotiza la compañía. Este último puede reclamar un crédito fiscal por dividendos que no se aplicaría al inversor extranjero. Luego las acciones se devuelven a su dueño original y se comparten los beneficios.
Con esta normativa, Bruselas estima que los inversores ahorrarán 5.170 millones de euros. La propuesta legislativa, que ahora debe pasar a ser debatida por los Estados miembro, entrará en vigor en enero de 2027.
Bruselas incluye una obligación de notificación para que las administraciones tributarias nacionales cuenten con las herramientas necesarias para comprobar que se puede aplicar un tipo reducido y evitar, así, posibles abusos y fraudes por parte de los intermediarios financieros.
Así es que, los grandes intermediarios financieros deberán inscribirse en un registro nacional. Este registro también estará abierto, con carácter voluntario, a los intermediarios financieros de menor tamaño y a los de fuera de la UE.
Por otro lado, aquellos inversores en la UE que recurran a intermediarios financieros certificados se beneficiarán de procedimientos acelerados de retención y evitarán la doble imposición en el pago de dividendos. Cuantos más intermediarios financieros se registren, más fácil será para las autoridades tributarias tramitar las solicitudes de devolución, independientemente del procedimiento utilizado.
