Economía

En el pasado diciembre, el conjunto de las administraciones públicas españolas acumulaba una deuda de 1,345 billones de euros -cifra récord-, equivalente al 120% del PIB del pasado año, según los datos hechos públicos este miércoles por el Banco de España, lo que supone un incremento de 24,5 puntos respecto al ejercicio anterior. Hay que remontarse a la Guerra Civil, cuando la deuda se colocó en el 123%, para ver cifras similares. El regulador ha tenido que elevar sus previsiones con los 34.100 millones de deuda de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) tras los cambios exigido por Eurostat, lo que ha añadido tres puntos del PIB.

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La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, recién ascendida a vicepresidenta tercera, se estrena en su cargo con una propuesta a empresarios y sindicatos para la reforma laboral que rebaja parte de las posiciones que mantenía en marzo de 2020 con el objetivo de dar una oportunidad al consenso.

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Cada recesión produce un retroceso en la situación laboral de los jóvenes con una merma futura salarial que podría llegar al 40% debido a que no llega a recuperarse del todo en la expansión subsiguiente. Lo que genera una tendencia negativa en las condiciones iniciales de empleo de las sucesivas cohortes de jóvenes, según un informe elaborado por Fedea.

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Este año para combatir el posible desempleo y formar a los trabajadores para afrontar el desafío digital y el reciclaje en ciertos sectores, el Ministerio de Trabajo destinará a las Políticas Activas de Empleo (PAE) 6.481 millones de euros, 1.707 millones más que en 2020, lo que implica un incremento del 35,8%. La mayor parte de estos fondos se repartirán entre las comunidades autónomas que tienen transferidas estas políticas. Pues bien, el Ministerio que dirige Yolanda Díaz ha decidido incluir, por primera vez, la eficacia en la gestión y el cumplimiento de objetivos como un criterio relevante en el reparto del dinero dedicado a las políticas activas de empleo.

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Las empresas o autónomos andaluces, con al menos un trabajador y un máximo de 20, que hayan estado en algún momento en Erte desde el 14 de marzo del pasado año o sigan actualmente pueden solicitar desde mañana la ayuda especial que aprobó la semana pasado la Junta de Andalucía. Con un presupuesto de 270,5 millones de euros, aquellas empresas que estén incluidas en los 163 CNAE (Código Nacional de Actividades Económicas) más afectadas por la crisis, pueden optar a una subvención de 505 euros por mes y empleado por un máximo de cuatro meses, con un topo de 30.300 euros por empresa.

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El Plan de Av@nce y Transformación diseñado por el propio Sepe, y aprobado por el Ministerio de Trabajo según apuntan fuentes sindicales, prevé el cambio de gestión de las prestaciones de la oficina a un distrito único provincial. En la práctica permitirá que los usuarios residentes en una determinada provincia puedan solicitar cita en cualquier oficina de prestaciones de dicha provincia y realizar el trámite correspondiente. Actualmente, cada ciudadano tiene asignada una oficina en función del distrito donde tenga su residencia, lo que no implica que sea la más cercana ni la que más le convenga.

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Cepyme alertó este jueves de que dos millones de pymes quedan excluidas de las ayudas directas aprobadas por el Gobierno -y que acaban de ser convalidadas por el Congreso- debido a los requisitos sectoriales establecidos, según un análisis realizado por la patronal con datos del INE. En opinión de la Cepyme, estas empresas están sufriendo igualmente pérdidas y, sin embargo, quedan excluidas por las restricciones administrativas aprobadas y que, por tanto, "no pueden optar a compensaciones económicas que ayuden a su viabilidad".

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La deuda externa bruta de España con el exterior creció el año pasado en 115.000 millones de euros hasta sumar 2,23 billones de euros en el cuarto trimestre, rayando el 200% del PIB, según los datos publicados este jueves por el Banco de España. En términos del Producto Interior Bruto, la pandemia ha provocado un incremento de 30 puntos básicos en comparación del cuarto trimestre de 2019 cuando la deuda bruta con el exterior supuso el 170% del PIB. El regulador explica que el incremento de estos 30 puntos obedece no sólo al aumento del volumen adeudado, sino también a la reducción del PIB del pasado año que según los datos de Contabilidad Nacional descendió un 11%.

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La Agencia Tributaria (Aeat) ha elaborado dos guías para orientar a los perceptores de Ertes y del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Además reforzará la asistencia personalizada para facilitar la presentación de la declaración y la resolución de dudas a los contribuyentes que hayan cobrado el año pasado en algún momento prestaciones del Sepe por haber estado en un expediente temporal de empleo. Aunque el Gobierno habla de unos 3,5 millones de personas las que han cobrado Erte, el investigador de Fedea, Florentino Felgueroso, calcula que han superado los cuatro millones, aunque el pico máximo fue de 3,4 millones de personas en abril. A 31 de diciembre se habían tramitado 160.000 solicitudes del IVM.

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"Conseguir que el SMI alcance el 60% del salario medio es un objetivo de esta legislatura que seguro alcanzaremos, dando cumplimiento a nuestros compromisos internacionales con la Carta Social Europea y para ello hemos constituido una comisión de personas expertas que van a determinar la cuantía del 60% del salario medio en nuestro país y establecer la senda más adecuada para alcanzar ese objetivo", según se comprometió este lunes la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en su comparecencia en la Comisión de Empleo del Congreso. Aunque los siete expertos de esta comisión son los que deben determinar dónde se colocará el 60% del salario medio, distintas fuentes lo cifran entre 1.100 y 1.200 euros lo que, dado que el SMI está en 950 euros, supondría una subida de entre el 15% y el 26% en tres años.