El Gobierno ya ha remitido a Bruselas las líneas maestras de las grandes reformas que está obligado a acometer por tener acceso a los fondos comunitarios de resiliencia, con excepción de las relativas a las reformas en el mercado laboral y en el sistema de pensiones, según fuentes conocedoras del proceso y confirman desde Bruselas a eE.
A priori, la negociación para la prórroga de los actuales Ertes, que a finales de año beneficiaban a algo más de 750.000 trabajadores, no se prevé complicada. El 31 de enero se termina su vigencia y la voluntad del Gobierno es ampliar el actual modelo, con pequeños retoques, hasta el 31 de mayo.
Las cifras de empeoramiento de los contagios tras las fiestas navideñas se saldan con nuevas medidas contra la hostelería. La Región de Murcia y Galicia anunciaron este lunes un cierre que, aunque en la teoría no es total, lo es en la práctica. En ambas regiones, los bares y restaurantes de los principales municipios quedarán sin actividad, sumándose a Baleares que anunció el pasado viernes un cierre total durante dos semanas.
Gobierno y agentes sociales arrancaban esta tarde a las 17,30 horas, la segunda reunión para negociar la prórroga de los actuales Ertes que caducan el 31 de enero. Sin embargo, aunque se especulaba con que los representantes de UGT y CCOO y de la CEOE y Cepyme podían cerrar un acuerdo hoy mismo, se levantaron sin nada y declinaron hacer declaraciones respecto al documento que les remitió el Ministerio de Trabajo. El Gobierno tiene prisa por cerrar un acuerdo.
Las empresas de la cadena de suministros de material de construcción, que incluye a los fabricantes y a los distribuidores, están preparando un plan para presentar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para participar en el programa de Rehabilitación de viviendas que ha anunciado su titular, José Luis Ábalos.
La batalla contra la cláusula de salvaguarda del empleo, que exige que las empresas acogidas a un Erte no puedan despedir hasta transcurridos seis meses desde el día en que incorporaron al primer trabajador, no se dará en los despachos del Ministerio de Trabajo, sino en los tribunales. Así al menos opinan los expertos en derecho laboral.
El Gobierno decidió, a última hora, dejar fuera al sector de comercio de las ayudas incluidas en el "plan de choque de la hostelería" que aprobó el Gobierno el 22 de diciembre en lo referente a las exenciones de las cuotas a la Seguridad Social para las empresas en Erte. Según el borrador del Real Decreto Ley de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia fiscal que se iba a aprobar en el Consejo de Ministros del 15 de diciembre, al que ha tenido acceso elEconomista, el comercio en pleno, tanto el minorista como el mayorista, estaban incluidos entre los sectores que se podían beneficiar de exenciones a las cotizaciones sociales.
Además de los 72.000 millones de euros de ayudas directas que recibirá España del Fondo de Reestructuración de la UE, a las comunidades autónomas les corresponden otros 12.436 millones del fondo React-UE de apoyo a los gobiernos regionales. De ellos, 2.436 millones los gestionará el Gobierno central, a través del Ministerio de Sanidad, que se emplearán en la compra, distribución y gestión de las vacunas cuyo coste no supondrá ningún gasto para las arcas autonómicas. Los otros 10.000 millones se repartirán directamente a los gobiernos regionales, 8.000 durante el próximo año y los otros 2.000 el siguiente.
El viernes 8 de enero a las 10.00 horas, el Ministerio de Trabajo, con la asistencia del Ministerio de Seguridad Social, mantendrá un encuentro con los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme para hablar de la renovación de los Ertes que expiran el 31 de enero. Así se lo comunicó la semana pasada el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, a la Comisión Tripartita para seguimiento de los Ertes. En esa reunión, además de analizar la evolución de las personas en expediente de regulación temporal, Pérez Rey tanteó las posiciones de ambas partes.
A España le han correspondido 9.750 vacunas del Pzifer de la primera entrega, calificada de testimonial, que realiza la UE, según el ministro de Sanidad Salvador Illa. Y ayer empezaron a inyectarse en residencias de ancianos de las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas. El término más usado ayer fue el de "esperanza" para calificar el arranque de la vacunación que debe haber alcanzado al 60% de la población en verano. Cabe recordar que la vacuna, al menos de momento, es de carácter voluntario.