El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el plan de rescate por importe de 4.220 millones de euros para acompañar a la hostelería, comercio y turismo en su recuperación tras haber sido de los sectores más afectados por la crisis sanitaria del Covid-19.
Se trata de una batería de medidas fiscales y reducciones en las cotizaciones sociales para los el turismo, la hostelería y el comercio, que supone la rebaja de la factura fiscal, la moratoria de pagos y reducciones y exoneraciones de los pagos a la Seguridad Social.
La medida estrella, según a explicado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, es la rebaja de los alquileres de locales comerciales.
Se establece que en el caso de que el arrendador sea un gran tenedor, con 10 o más locales, si no llega a un acuerdo con el podrá optar entre una quita del 50%, o alternativamente un aplazamiento del pago hasta cuatro meses después de la finalización del estado de alarma.
El pago aplazado de estas rentas se podrá realizar durante un periodo de dos años a contar desde la finalización de la moratoria.
De esta forma, según ha anunciado la ministra, el número potencial de locales beneficiarios es de 190.000, de los que 33.000 corresponderían a establecimientos relacionados con el turismo y 157.000 a locales comerciales.
Para el resto de arrendadores de locales, los que no son grandes tenedores, se establece un incentivo fiscal para que las personas físicas que alquilan a estos sectores acuerden voluntariamente rebajas en la renta arrendaticia correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2021, permitiendo computar como gasto deducible para el cálculo del rendimiento del capital inmobiliario la cuantía de la rebaja de la renta acordada durante esos meses.
Este incentivo tiene un coste estimado de 324 millones de euros y permite deducir hasta el 100% de la cuantía del alquiler mensual en el caso que el arrendador rebaje toda la renta. Se estima que 323.701 arrendadores se pueden acoger a esta medida.
En relación a las medidas de liquidez y solvencia, el Gobierno ha ampliado la carencia de los préstamos avalados por las líneas ICO y por las sociedades de garantía recíproca de las distintas comunidades autónomas con reafianzamiento de CERSA, así como de su periodo de amortización.
Se crea un nuevo tramo rn la línea de avales del ICO para pymes y autónomos del sector turístico, hostelería y actividades anexas dotada con 500 millones de euros y con hasta un 90% de garantía.
Con ello, el Gobierno pretende medida que las agencias de viajes, el transporte discrecional y el sector de alojamiento puedan obtener, al elevarse la garantía pública de los avales en 10 puntos respecto a la línea ICO Covid-19.
Aplazamiento en el pago
El Gobierno permite aplazar durante seis meses, con tres de carencia de intereses, las deudas tributarias en declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el día 1 de abril hasta el día 30 de abril de 2021, ambos inclusive, de modo que en lugar de ingresar en abril se ingresarían las deudas en octubre.
El importe potencialmente aplazado se estima por el Gobierno en unos 2.668 millones de euros y se beneficiarían unos 617.000 contribuyentes, de los cuales unos 92.000 son parte de los sectores de turismo y hostelería y otros 68.000 pertenecerían al comercio al por menor.
Otra medida que recoge este real decreto es aumentar la reducción en la tributación por el sistema de módulos en el IRPF del 5% actual al 20% con carácter general para 2020. Sin embargo, para los sectores como el caso de la hostelería, el comercio y el turismo esa reducción en la tributación por módulos llegará al 35%.
La ministra de Hacienda ha precisado que esta medida se aplicará para el cuarto pago fraccionado de 2020 y para el primer pago de 2021.
De hecho, las reducciones del 20% con carácter general y del 35% para el turismo, la hostelería y el comercio, también se aplicarán en la tributación del régimen simplificado del IVA correspondiente a la cuota devengada de 2020 y a la primera cuota trimestral de 2021.
El importe estimado de esta medida ascendería a 117 millones de euros, de los que se beneficiarían 132.000 contribuyentes del sector.
Otras medidas tributarias es la reducción del número de períodos impositivos afectados por la renuncia al método de estimación objetiva en el IRPF; la exención prevista para las retribuciones en especie del servicio de comedor de empresa, aplicable el consumo de comida para el teletrabajo, de forma que podrán utilizar un vale comida pidiendo comida a su domicilio.
Actividades protegidas
La norma refuerza la protección de actividades como el comercio al por mayor de bebidas, restaurantes y puestos de comidas y establecimientos de bebidas, que pasarán a formar parte de las actividades CNAE protegidas en la última prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).
De esta forma, las exenciones de cuotas a la Seguridad Social previstas a las empresas de estos sectores que han prorrogado sus ERTE tanto con su actividad suspendida como reiniciada podrán alcanzar hasta el 85%.
La inclusión de estos sectores en el listado CNAE responde a que la tasa de cobertura de los trabajadores todavía amparados por los ERTE es superior al 15% de los afiliados en su código de CNAE y su tasa de recuperación desde primeros de mayo es inferior al 65%.
Asimismo, la norma extiende las bonificaciones a los trabajadores fijos discontinuos, aplicables además de a las empresas encuadradas en el sector del turismo, también al comercio y la hostelería, siempre que estén vinculadas al sector turístico.
El decreto mantiene las bonificaciones del 50% por extensión del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos desde el mes de abril hasta el mes de octubre de 2021 complementariamente al periodo ya previsto en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 de los meses de febrero, marzo y noviembre. Estas bonificaciones serán compatibles con las exoneraciones de las cuotas de la Seguridad Social que, eventualmente, pudieran ser aplicables.
Por último, el plan flexibiliza requisitos para el mantenimiento de los incentivos regionales. Así, estima que esta medida beneficiará a unos 615 proyectos de inversión empresarial que están en vigor o en fase de mantenimiento del empleo y las inversiones, con una subvención total asociada de más de 740 millones de euros, de los que en torno a un 40% se corresponden con ayudas al sector turístico.
Además, en las medidas regulatorias también se amplía la moratoria para presentar concurso de acreedores.
IVA sanitario contra el Covid
Finalmente, se ha aprobado la aplicación del IVA a un tipo del 0% a las pruebas de diagnóstico in vitro, como las PCR, así como a las entregas de vacunas contra la COVID-19. El objetivo es favorecer la vacunación de la población y el diagnóstico de la evolución sanitaria. La supresión de este gravamen se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2022.
La decisión complementa a otras medidas ya tomadas para facilitar las compras de los productos sanitarios necesarios en la lucha contra la COVID19.
El Gobierno español fue uno de los primeros de la UE en aplicar un IVA del 0% a la importación y adquisición de material sanitario esencial para combatir la COVID-19 que tenga como destinario centros sanitarios públicos o privados, así como entidades de carácter social.
Se trata de una medida que se ha prorrogado hasta el 30 de abril de 2021. Son objeto de ese tipo cero mascarillas, guantes, gafas, gorros, batas impermeables, termómetros, respiradores, y diversos elementos de protección individual.
Asimismo, ya se rebajó del 21% al 4% el IVA de las mascarillas quirúrgicas desechables, lo que supone aplicar uno de los tipos superreducidos más bajos de la UE. La rebaja de este gravamen se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, lo que supone un horizonte temporal amplio con el que el Gobierno confía en abarcar el impacto de la pandemia.
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