Además de los 72.000 millones de euros de ayudas directas que recibirá España del Fondo de Reestructuración de la UE, a las comunidades autónomas les corresponden otros 12.436 millones del fondo React-UE de apoyo a los gobiernos regionales. De ellos, 2.436 millones los gestionará el Gobierno central, a través del Ministerio de Sanidad, que se emplearán en la compra, distribución y gestión de las vacunas cuyo coste no supondrá ningún gasto para las arcas autonómicas. Los otros 10.000 millones se repartirán directamente a los gobiernos regionales, 8.000 durante el próximo año y los otros 2.000 el siguiente.
El reparto de este fondo estaba pendiente y el Ministerio de Hacienda comunicó este lunes cuánto dinero recibirá cada una: Andalucía, con 1.881 millones de euros encabecerá el reparto y La Rioja, con 65 millones, cierra el listado. Cataluña se coloca segunda y junto con Andalucía suman más de un tercio del total. Madrid (1.284 millones) y la Comunidad Valenciana (1.254 millones) se colocan casi a la par. El resto de comunidades está ya a mucha distancia.
La ministra María Jesús Montero adelantó en octubre en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que los fondos React-UE se distribuirían por tres indicadores: el impacto de la pandemia en la riqueza de cada comunidad, con un peso de las dos terceras partes. El segundo, el impacto de la crisis en el desempleo, equivalente a las 2/9 de la asignación. Y el tercer indicador, el impacto de la crisis en el empleo juvenil (15 a 24 años) con 1/9 de la asignación total. Canarias recibirá, además, una ayuda adicional por región ultraperiférica.
Uso de los fondos
Los recursos del React-UE deben destinarse a financiar, fundamentalmente, operaciones en el ámbito de la educación, la sanidad y los servicios sociales, para paliar el impacto sufrido en ellos por la pandemia, así como para transformarlos estratégicamente de cara al futuro, según fuentes del Ministerio de Hacienda.
Es decir, matizan, "a reforzar con partidas adicionales de las políticas públicas básicas en un contexto de crisis en el que se han demostrado como la red de seguridad para millones de ciudadanos". En cualquier caso, el Gobierno deja abierta la posibilidad a otros criterios de las comunidades.
