Crowe, la novena firma mundial en servicios profesionales especializada en auditoría, consultoría y asesoramiento legal y tributario, abre sede en Sevilla para reforzar su presencia en Andalucía, "una comunidad clave de cara a su futuro", explica la compañía en un comunicado. En la actualidad, suma once oficinas en España y roza las 800 a nivel global, donde más de 38.000 empleados prestan sus servicios en 130 países.De esta manera, la compañía espera seguir dando un salto cualitativo y cuantitativo, y acelerar el crecimiento del negocio nacional, que en 2020 sobrepasó los 38 millones de euros. Al frente de la nueva delegación se encuentra Adrián Fernández-Romero junto con Simón Onrubia.

Ayesa, proveedor internacional de servicios tecnológicos y de ingeniería, ha adquirido ByrneLooby, ingeniería especializada en diseño de obra civil con presencia en Reino Unido, Irlanda y Oriente Medio. Fundada en 1998 y con sede en Dublin, ByrneLooby opera en sectores como la edificación, medioambiente, transporte, puertos, agua y energía. Actualmente tiene una plantilla de 225 empleados y su facturación supera los 24 millones de euros.

La economía andaluza creció un 6,1% en el cuarto trimestre de 2021 respecto al mismo trimestre del ejercicio anterior, un avance que supone nueve décimas superior al registrado para el conjunto nacional (5,2%). Así se extrae de la estimación del PIB regional publicada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) y trasladada por el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, al Consejo de Gobierno.

El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha presidido este lunes en el Palacio de San Telmo la Mesa de Diálogo Social en la que han participado representantes de los empresarios y los sindicatos y en la que se ha acordado constituir una mesa técnica entre dichas entidades sociales para la gestión de la llegada de los fondos europeos.

Días después de que el Gobierno de España articulase a través del RDL 5/21 los criterios de reparto de 7.000 millones de euros de ayudas a la solvencia empresarial, la consejera de Empleo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, dio la voz de alarma: las ayudas estaban mal diseñadas y gran parte del dinero no se iba a aprovechar. Meses después, los hechos le han dado la razón, y los requisitos impuestos por el ejecutivo de Pedro Sánchez han hecho que Andalucía pueda inyectar en el tejido productivo 667,2 millones de euros de los 1.109 millones que tenía asignados.