Andalucía

La digitalización permite a la Consejería de Empleo mover mil millones en un año

  • La media de tiempo para tramitar una ayuda ha sido de tres meses
  • Se advirtió al Gobierno central de que el RDL 5/21 impedía aprovechar las ayudas
  • Blanco pide mantener los ERTE en turismo y advierte de fallos en la reforma laboral
Sevilla

Días después de que el Gobierno de España articulase a través del RDL 5/21 los criterios de reparto de 7.000 millones de euros de ayudas a la solvencia empresarial, la consejera de Empleo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, dio la voz de alarma: las ayudas estaban mal diseñadas y gran parte del dinero no se iba a aprovechar. Meses después, los hechos le han dado la razón, y los requisitos impuestos por el ejecutivo de Pedro Sánchez han hecho que Andalucía pueda inyectar en el tejido productivo 667,2 millones de euros de los 1.109 millones que tenía asignados.

La gestión en Andalucía de esas ayudas a la solvencia ha sido hoy el plato fuerte de la jornada de Gestión Innovadora de Fondos Públicos para el Empleo, un encuentro organizado por la Consejería en la sede del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), para evaluar la gestión de las diferentes líneas de apoyo al mantenimiento del empleo y la solvencia empresarial, con nuevos sistemas de innovación vinculados a las nuevas tecnologías y a la automatización de procesos. A la presentación han asistido el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, y las secretarias generales de CCOO y UGT en la comunidad, Nuria López y Carmen Castilla. Tal es la relevancia no del acto, sino de lo que la economía andaluza se está jugando para poner la administración autonómica a la altura de las exigencias del siglo XXI.

Más aún habiendo heredado el actual gobierno un aparato burocrático calificado por los empresarios como "un infierno", anquilosado, ajeno no ya a los procedimientos automatizados y a la inteligencia artificial sino a criterios elementales de seguridad jurídica, como prueban los múltiples casos de corrupción que se investigan en los tribunales actualmente, y que atenazaba la labor de los empleados públicos.

Frente a este panorama, Blanco ha expuesto datos y métricas: durante el año 2021 se han inyectado desde la Consejería de Empleo al tejido productivo en distintas líneas de ayudas dirigidas a trabajadores, autónomos y pymes (ayudas a la solvencia incluidas) más de mil millones de euros que han llegado a más de 590.000 solicitantes. La media de tiempo en la resolución y pago de las distintas ayudas desarrolladas en 2021 ha sido de tres meses. "Es lo que marca la diferencia, políticas eficaces, con seguridad jurídica y equidad hacia los ciudadanos", ha remarcado la consejera.

Complejidad

Sobre las ayudas a la solvencia empresarial, Blanco ha explicado que "ha sido un proceso complejísimo porque suponía comprobar más de 40 requisitos previos antes de dar las ayudas, y nos planteamos en primer lugar una gestión en la que los ciudadanos no tuviesen que aportar documentación, simplificada al máximo. Hemos tenido que mirar más de tres millones de registros, algo que en manos de solo de funcionarios, sin procesos de automatización e inteligencia artificial, no hubiera sido posible". Y aún así, todas las solicitudes recibidas se han tramitado en cuatro meses.

El jefe del Servicio de Informática de la Consejería, Rubén García, ha explicado que si se hubiesen gestionado las ayudas con el mismo método que se ha aplicado históricamente, se hubiese necesitado un "ejército" de personas y se hubiera necesitado unos dos años para resolverla.

"La automatización ha llegado para quedarse", ha insistido Blanco, que ha querido reconocer el esfuerzo de los empleados de la consejería "que se han dejado la piel, que han entendido que el servicio público estaba por encima de todo".

La consejera ha lamentado que si se hubieran escuchado a tiempo, "no seis meses tarde", los consejos al Gobierno que partieron desde Andalucía "desde la lealtad", como incluir los costes fijos pagados y no pagados," porque no tenía sentido que una empresas que sí hubiera hecho frente a sus compromisos no tuviera derecho a la ayuda y otra que tuviese deuda sí", muchas más empresas se hubieran visto favorecidas.

Tampoco se le ve sentido desde Andalucía que basándose en la importancia del turismo en Canarias y Baleares se favoreciese a estas comunidades elevando el tope de 200.000 euros máximo por ayuda que constreñía a Andalucía, donde el turismo es tan importante como en estas dos regiones insulares. "Sin ese límite hubiéramos gastado todo el dinero", ha indicado.

Next Generation

Para que no ocurra de nuevo con los fondos europeos que están por llegar, Blanco ha defendido que los Next Generation "tienen que servir para reformas estructurales. Necesitamos participar del diseño, no es lo mismo la situación de una empresa en La Rioja que en Andalucía o Galicia. Nadie mejor que la comunidad o la corporación local sabe lo que necesita su territorio para que lleguen y fluyan estos fondos para lo que se necesitan realmente. Se trata de gastar eficaz y adecuadamente en beneficio de los ciudadanos".

En declaraciones a los periodistas antes de la jornada sobre las ayudas a la solvencia, Blanco ha lanzado desde ese mismo espíritu constructivo dos avisos al Gobierno de la nación. Uno sobre los ERTE: la mayor parte de los 15.000 trabajadores andaluces que siguen acogidos a uno de estos expedientes originados por la pandemia son del sector servicios, especialmente del turismo, que aún no ha podido recuperar toda la actividad. "Sería conveniente mantenerlos para alguna actividad", ha dicho.

También ha advertido sobre la reforma laboral. "He dado la voz de alarma, es cierto que casi no toca parámetros de 2012 como salarios de tramitación, condiciones de despido, descuelgues salariales … Y es cierto que tenemos una tasa de temporalidad excesiva, sobre todo en jóvenes. Pero tal vez tendría que haber tenido en cuenta particularidades por ejemplo la figura del fijo discontinuo en el sector agrícola, donde a jornaleros los abocan a este tipo de contrato, cuando para algunas campañas un año vendrán de Ecuador y otro de Ucrania. ¿Cómo la van a hacer? En la recogida del olivo se permiten contratos de 90 días pero que no sean consecutivos, cuando la campaña necesita más tiempo. A lo mejor no pueden cobrar el paro agrícola. Sería conveniente establecer alguna disposición adicional que adecúe la idiosincrasia de territorios para no encorsetar la actividad económica".

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