La hora de la verdad ha llegado para JxCat. La coalición independentista liderada por el expresident Carles Puigdemont debe decidir definitivamente qué hace con sus diputados procesados por rebelión por parte del Tribunal Supremo por su participación en el procés. Concretamente, si mantiene el voto delegado que vienen ejerciendo desde mayo el mismo Puigdemont, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez, o si acata la suspensión dictada en julio por el juez instructor de la causa, Pablo Llarena.

Seis años después de que se iniciara la investigación, la Audiencia Provincial de Barcelona ha iniciado el juicio contra el expresidente de CatalunyaCaixa y exministro socialista, Narcís Serra, y contra el que fue director de la entidad bancaria, Adolf Todó, además de otras 39 personas, por presuntos delitos de administración desleal. Concretamente, se les juzga por los supuestos sueldos desproporcionados que se asignaron en plena crisis económica, cuando la caja estaba recibiendo fondos del Frob, que entre 2010 y 2012 aportó a la caja más de 12.000 millones de euros. Esta cifra de ayudas representó que CatalunyaCaixa fue la entidad rescatada que más dinero del Estado recibió en proporción con su tamaño. El juicio empezó la semana pasada con las cuestiones previas y las declaraciones de los acusados se iniciaran este jueves 11 de octubre, empezando por los mismos Serra y Todó. Se prevé que los informes finales o conclusiones se expongan entre el 23 al 30 de noviembre.

Los soberanistas escenifican unidad tras la crisis vivida en el 'Parlament' por la suspensión de los diputados procesados

Las aguas bajan revueltas en el ámbito judicial para el sector financiero español. Tras la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo contra el expresidente de Bankia Rodrigo Rato por el caso de las tarjetas black, ayer empezó el juicio contra el exministro socialista y expresidente de CatalunyaCaixa, Narcís Serra, y contra el que fue director de la entidad bancaria, Adolf Todó, además de otras 39 personas, por su implicación en los sobresueldos que se asignaron a sus máximos directivos en plena crisis económica, cuando la caja catalana ya estaba recibiendo fondos del Frob, que acabó inyectando 12.000 millones de euros en la entidad.

El Parlament volvió a vivir ayer otra de las inauditas sesiones que el procés ha convertido en habituales durante los últimos años en la política catalana. La suspensión de los diputados procesados por rebelión por el Tribunal Supremo hizo aflorar de nuevo las divergencias estratégicas entre JxCat -que insiste en una posición de desobediencia ante el Estado- y ERC, que ha optado por una vía más pragmática, sin renunciar a la independencia. La Cámara autonómica debía votar a partir del mediodía las conclusiones del Debate de Política General iniciado el martes pasado. Se trataba de una prueba de la unidad de los partidos que forman el Govern, ya que JxCat y ERC todavía no ha-bían resuelto como afrontar la suspensión, y acabó nuevamente con un aplazamiento de la sesión parlamentaria, previsiblemente hasta la semana que viene.