La hora de la verdad ha llegado para JxCat. La coalición independentista liderada por el expresident Carles Puigdemont debe decidir definitivamente qué hace con sus diputados procesados por rebelión por parte del Tribunal Supremo por su participación en el procés. Concretamente, si mantiene el voto delegado que vienen ejerciendo desde mayo el mismo Puigdemont, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez, o si acata la suspensión dictada en julio por el juez instructor de la causa, Pablo Llarena.
La decisión no es baladí, ya que -aparte de la desobediencia que implicaría persistir en la delegación del voto en el pleno del Parlament previsto para hoy- la cuestión ha enfrentado durante los últimos meses a JxCat con su socio en el Govern, Esquerra, que la semana pasada decidió que Oriol Junqueras y Raül Romeva designaban a otro diputado republicano para sustituirles.
Este desacuerdo provocó en julio que se desconvocara el último pleno previsto para antes del verano y la semana pasada se prolongó el paro por la misma razón, tras una jornada parlamentaria esperpéntica, lo que provocó una crisis en el Ejecutivo catalán, dividido entre la línea pragmática adoptada por ERC y la retórica rupturista que mantiene la coalición de Puigdemont.
Ante esta situación, el presidente de la Cámara autonómica, Roger Torrent (ERC), pidió ayer a sus letrados un informe sobre la legalidad del mantenimiento del voto delegado de los diputados de JxCat, aunque los juristas parlamentarios ya han reiterado que la fórmula propuesta por la formación neoconvergente no se ajusta a la suspensión dictada por Llarena. Por el momento, los diputados procesados sí que dejaron de percibir su sueldo a mediados de julio, tras comunicarse el auto del Supremo.
Por su parte, después de que la Mesa del Parlament rechazara ayer las mociones de reconsideración presentadas por la oposición, el PSC confirmó que recurrirá al TC para que declare nulas las eventuales delegaciones de voto de JxCat.
