El recientemente aprobado Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, ha modificado el reparto de competencias entre el Ministerio para la Transición Ecológica y la CNMC en lo que a la regulación de los sectores gasista y eléctrico se refiere, y ello con el explícito propósito de adecuarlo a las previsiones de las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE y poner fin a la controversia sobre su correcta transposición que, por un lado, había motivado la incoación de la correspondiente investigación por parte de la Comisión Europea y, por otro, se había traducido en la interposición por la CNMC de sendos recursos contencioso-administrativos tanto contra el Real Decreto 903/2017, de 13 de octubre, como contra el Real Decreto 335/2018, de 25 de mayo.