El 45% del negocio de las empresas de trabajo temporal se sustenta sobre trabajadores fijos discontinuos, una posibilidad que abrió precisamente la última reforma laboral. Sin embargo, la fórmula ha dado también pie a un riesgo de abusos en su utilIzación ante los que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha lanzado una intensa ofensiva de la inspección. Y la campaña está teniendo resultados: los contratos de este tipo firmados por ETTs han caído un 13% en lo que va de año, mientras el número de estas empresas se sitúa en mínimos históricos.

El Gobierno aprobará esta mañana un escudo económico para las empresas, autónomos y trabajadores afectados por el impacto de la DANA que detalló ayer la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz tras reunirse con los representantes sindicales y empresariales de la Comunidad Valenciana. Las empresas podrán acogerse a los Erte por fuerza mayor con una deducción de, al menos, el 90% de las cotizaciones sociales. Los trabajadores autónomos, por su parte, tendrán un acceso más flexible al cese de actividad, la prestación que funciona como el 'paro' para este colectivo. El Ejecutivo quiere reforzar el teletrabajo y retribuir las ausencias justificadas para evitar desplazamientos innecesarios. Todo ello, con efectos jurídicos desde el día del desastre (29 de octubre).

Los trabajadores autónomos afectados por la DANA podrán solicitar la prestación por cese de actividad por fuerza mayor ante su mutua sin necesidad de contar con la cotización mínima exigida para poder acceder a ella, que suele ser de 12 meses, según señala el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en su cuenta de 'X'. ATA calcula que hay más de 50.000 trabajadores por cuenta propia afectados por la DANA en la zona. El cese de actividad es un ayuda económica mensual más la cobertura de las cotizaciones sociales de los autónomos a cargo de la Seguridad Social. Estas medidas tendrán efecto retroactivo, según ha avanzado la ministra Elma Saiz.

Las pymes acaparan protagonismo en la inesperada reforma fiscal que el Gobierno ha planteado, aprovechando las enmiendas planteadas esta semana sobre los impuestos extraordinarios a bancos y energéticas. En concreto, las enmiendas de Junts también se han alejado del foco de la gran empresa, el mantenimiento de la tasa sobre la banca o el fin del impuestazo a las energéticas, y proponen un paquete fiscal para beneficiar a las pymes y microempresas. Rebajará progresivamente el impuesto de Sociedades hasta 2027, aplicando un tipo del 17% en el primer tramo de 50.000 euros a las micropymes y un 20% con carácter general. También propone una deducción de hasta el 30% que premia a aquellas pymes que generan puestos de trabajo y aumenten su tamaño.

El Ministerio de Trabajo que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz presentó el pasado martes su última oferta para reducir la jornada laboral a 37,5 horas en 2025. El Gobierno trasladó un paquete de ayudas para “estimular la productividad” de las microempresas, aquellas con hasta cinco trabajadores en los sectores más lejanos al objetivo horario. Díaz quiere canalizar a través del Kit Digital dos programas de bonificaciones para digitalización y asesoramiento de negocio. Esta oferta, valorada en 375 millones de euros, correría a cargo de los fondos europeos, según el borrador al que ha tenido acceso 'elEconomista.es'.