El Gobierno consiguió sacar adelante el decreto que recoge la reforma de las distintas modalidades de jubilación que permiten el cobro del salario junto a la pensión de vejez, es decir, la jubilación anticipada de forma parcial, la activa y la demorada. El pacto, sellado con los agentes sociales y consensuado en la Cámara Baja, quiere que los trabajadores que abandonen el mercado laboral lo hagan de forma paulatina, estirando la edad media de jubilación, favoreciendo el empleo y generando ingresos para al Seguridad Social. Por ello, la figura del contrato de relevo ha sufrido una serie de modificaciones para asegurar la calidad del empleo.

El Gobierno estudia las vías para rearmar un real decreto que rescate la revalorización de las pensiones al 2,8%, y evitar una bajada de la prestación a partir de febrero para los más de 12 millones de pensionistas. La derogación del decreto ómnibus –a manos del PP, Junts y Vox– obligará a los de Pedro Sánchez a aprobar la medida en el Consejo de Ministros antes del 11 de febrero. El abono mensual de las pensiones requiere de una serie de trámites operativos entre la Seguridad Social y las entidades financieras que suelen darse entre el 10 y el 20 de cada mes. De tal forma y una vez descartada la opción de un Consejo de Ministros extraordinario, el Gobierno debería tener aprobado el texto para revalorizar las pagas y conocer el importe exacto, a lo largo de las próximas semanas.

La derrota parlamentaria del Gobierno y su decreto ómnibus trae consecuencias económicas para el sistema público de pensiones, tanto para los jubilados como para la población activa. El entramado político limitará los ingresos de la Seguridad Social en un año en el que volverá a afrontar un gasto histórico por el imparable retiro de la generación del baby boom, que elevará la factura a 216.000 millones en 2025 según el Instituto Santalucía. Además de la revalorización, el texto rechazado incluía, entre sus tantas y diversas medidas, una triple subida de las cotizaciones sociales con la que el Gobierno esperaba generar 5.800 millones.

El Congreso de los Diputados ha convalidado el real decreto para la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo a partir de abril. El texto incluye la mejora de la regulación de la jubilación parcial, la jubilación activa y de la jubilación demorada, según lo pactado por el Gobierno con los agentes sociales en verano. Pretende dar más flexibilidad y ampliando los incentivos económicos para estirar la vida laboral de los sénior y favorecer la salida progresiva del mercado laboral.

El Gobierno ha sufrido un duro revés en el Congreso de los Diputados a manos del PP y Junts que afecta a los pensionistas. Los grupos de la oposición han tumbado el decreto Ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones y otras medidas sociales. En un escenario en el que decae el decreto... ¿qué pasa con la actualización de las pagas? ¿Y con las cotizaciones sociales? Los pensionistas cobrarán la paga revalorizada en enero, pero el Gobierno abre la puerta a una pensión más baja en febrero. Quedan en el aire las subidas de cotizaciones sociales previstas.