La Seguridad Social reactiva sus reuniones con los agentes sociales este mismo mes para poner en marcha una reforma pendiente. El Gobierno ha trabajado los últimos años bajo la filosofía de aumentar la edad media de jubilación dando más flexibilidad al cobro de salario y pensión o penalizando las salidas anticipadas. La jubilación flexible, la modalidad que permite al pensionista volver a trabajar a tiempo parcial contratado por una empresa, entra ahora en juego. En línea con la actuación del gabinete de la ministra Elma Saiz y, previamente, de José Luis Escrivá, la reforma que iniciará a finales de enero dará flexibilidad a esta modalidad para incentivar que quienes ya estén jubilados retomen la actividad.

El Ministerio de Trabajo ha convocado a los representantes de la patronal y los sindicatos para proponerles una subida del salario mínimo interprofesional del 4,4%, 50 euros más al mes, de acuerdo con el rango más alto recomendado por los expertos al que se acogerá la ministra Yolanda Díaz. CEOE y Cepyme -en un contexto de claro enfriamiento de las relaciones con la vicepresidenta segunda- descartan entrar en la negociación y avanzan su rechazo al nuevo incremento. Los sindicatos, en cambio, llegaron divididos a la mesa. Mientras UGT exige saber si se modificará el mínimo exento antes de fijar su posición sobre la subida del 4,4%, CCOO presiona para llevar el incremento hasta el 6% para compensar la cuantía que abonarían en IRPF.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha avanzado el apoyo de su partido a la última reforma de las pensiones que se votará en el Congreso de los Diputados, reconociendo que ese apoyo tendrá lugar a pesar de no estar de acuerdo en "cómo se hizo", pero sí porque "estamos de acuerdo en el contenido y en el fondo". Una aprobación que no se prorroga a los últimos anuncios en materia de vivienda realizados por el Gobierno, que Feijóo califica como "parches".

La contratación de trabajadores es cada vez más cara en una etapa histórica de creación de empleo. Los costes laborales suman la nómina bruta del empleado más las cargas no salariales que debe abonar la empresa esencialmente en cotizaciones a la Seguridad Social. Incluso restando las deducciones y subvenciones, los costes laborales han aumentado casi un 20% más que los sueldos brutos de los empleados en el último lustro, de forma especialmente intensa tras la pandemia. La subida de cotizaciones explica este incremento de las cargas sobre las compañías: un salario promedio cuesta entre 1.300 y 1.500 euros más al año en concepto de costes laborales que en 2018.

El plan de pensiones de la construcción, pionero en España tras la reforma para impulsar el ahorro a nivel sectorial con las empresas como promotoras, cerró 2024 con 600.000 trabajadores incorporados al vehículo de ahorro. El último convenio colectivo de de la construcción, que cubre a 710.000 trabajadores, obliga a las empresas a promover el plan de ahorro para la jubilación que nutren las compañías y los empleados con al menos un mes de antigüedad. La amplia mayoría (el 85%) ya forma parte, pero restan unos 110.000 trabajadores que no reciben la aportación de la empresa a la hucha y, como consecuencia, una parte de su salario, a riesgo de incumplir el convenio y poder ser sancionadas.