Madrid
El plan de pensiones de la construcción, pionero en España tras la reforma para impulsar el ahorro a nivel sectorial con las empresas como promotoras, cerró 2024 con 600.000 trabajadores incorporados al vehículo de ahorro. El último convenio colectivo de de la construcción, que cubre a 710.000 trabajadores, obliga a las empresas a promover el plan de ahorro para la jubilación que nutren las compañías y los empleados con al menos un mes de antigüedad. La amplia mayoría (el 85%) ya forma parte, pero restan unos 110.000 trabajadores que no reciben la aportación de la empresa a la hucha y, como consecuencia, una parte de su salario, a riesgo de incumplir el convenio y poder ser sancionadas.
El positivo arranque del plan no esconde el objetivo final, que es conseguir al mayor número de trabajadores ahorrando para la jubilación. Desde la patronal del sector, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), aseguran que la Fundación Laboral de la Construcción está trabajando junto al Ministerio de Seguridad Social para saber qué empresas se están quedando fuera de plan y no pagan su cuota.
En un sector tan heterogéneo conformado por 142.000 empresas, asumen que hay una gran cantidad de microempresas que podrían desconocer el procedimiento, no estar en condiciones económicas de ser promotoras o, simplemente, no querer formar parte del plan a riesgo de sufrir multas de hasta 225.000 euros en el caso más grave. En todo caso, desde la CNC recuerdan que "el desconocimiento de norma no exime de su cumplimiento".
Antonio Méndez Baiges, abogado de Mercer y miembro de Ocopen, desarrolló el reglamento del plan. Méndez Baiges asegura que existen varias vías para desatascar la incorporación de compañías como promotoras del plan. Por una parte, explica que el incumplimiento de una condición del convenio puede ser denunciado por el empleado ante la Inspección; o bien plantear una reclamación en la jurisdicción social.
"Colectivamente lo que quizás podría hacerse es una advertencia por alguna institución interesada en el cumplimiento del convenio a la inspección de trabajo sobre la situación de incumplimiento por parte de empresas afectadas por el convenio sectorial", señala el abogado a elEconomista.es.
Aunque el convenio o el reglamento no recogen sanciones específicas, la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social recoge las multas para aquellos casos en los que la empresa no ofrece este beneficios de naturaleza económica, en este caso el propio salario: las aportaciones del plan se nutren con un determinado porcentaje de la subida de sueldo pactada en el último convenio colectivo, una parte a cargo de la empresa y otra por cuenta del trabajador.
"Genéricamente son infracciones laborales las acciones y omisiones de los empresarios contrarias a las cláusulas normativas de los convenios colectivos (artículo 5) y específicamente infracción muy grave el incumplimiento de instrumentar los compromisos por pensiones con el personal de la empresa en los términos establecidos en la normativa reguladora de los planes y fondos de pensiones (artículo 8), pudiendo ser las sanciones por infracciones muy graves de entre un mínimo de 7.501 y un máximo de 225.018 euros (artículo 40)", coinciden Méndez Baiges y Concepción González Fernández, abogada y graduado social en Advice Estudio Jurídico y vocal de la Junta Directiva de ASNALA.
Las empresas corren el riesgo de ser sancionadas por el impago de la parte del salario que se destina a la jubilación
El plan que lidera VidaCaixa, rama gestora de previsión social y seguros de la entidad catalana CaixaBank, se ha convertido en el mayor de España en cuanto a número de partícipes en apenas unos meses. Aún así, recurren a webinars informativos, a las gestorías y los graduados sociales para dar a conocer las condiciones de un plan de pensiones que es obligatorio.
El patrimonio supera los 140 millones de euros desde el inicio de las aportaciones, en marzo –un mes después de su creación, el 1 de febrero–. Creen que la rentabilidad del plan batirá a la inflación, con un rendimiento algo superior al 3%, cumpliendo su objetivo inicial de la Comisión de Control: una estrategia conservadora que atraiga al mayor número de partícipes. Desde la patronal del sector se muestran satisfechos por la acogida que está teniendo, pero evitan caer en triunfalismos o en autocomplacencia.
La industria y los servicios se interesan en estos productos
Hay otros sectores que siguen la estela de la construcción. Además del metal, que es el más avanzado, el de grandes almacenes, la hostelería, agencia de viajes y textil son los colectivos que al menos han pasado por la primera fase informativa y las conversaciones preliminares. El sector químico y farmacéutico, que mostró interés hace año y medio, o la patronal del sector textil (ARTE), que también propuso la idea a los sindicatos.
Según los cálculos de la consultora WTW en el estudio de viabilidad que preparó para el sector del metal hace unos meses, sumar a todos estos sectores que actualmente muestran interés permitiría incorporar casi 4 millones de partícipes adicionales a los planes de empleo. Todavía estaría lejos de las optimistas expectativas del Gobierno.
La reforma que aplicó Escrivá vino con la intención de conseguir en 2030 entre 10 y 12 millones de partícipes y un volumen de ahorro gestionado de 120.000 millones de euros que vendría a multiplicar (casi) por cuatro los datos de partida. De hecho, a largo plazo el Gobierno quiere manejar más 430.000 millones y contar con una amplia mayoría de población activa cubierta. Una vez se agote el potencial y la tracción generada en el primer curso de la construcción serán necesarios más sectores unidos por la causa para alcanzar el objetivo, y ello no lleva menos de dos o tres años.
"Los incentivos fiscales y la palanca sectorial en el ámbito de los planes de pensiones de empleo apuntan a la generalización de los planes de pensiones de empleo", proyecta el propio informe. "El objetivo es que prácticamente la totalidad de la población activa esté adherida a un plan de pensiones de empleo, tanto trabajadores por cuenta propia como trabajadores por cuenta ajena", afirman desde la consultora.
También argumenta que el deterioro de la generosidad de las pensiones públicas durante las próximas décadas dará más importancia al resto de pilares. "Se busca universalizar el segundo pilar de la previsión en España, conformando un pilar complementario robusto, en línea con las mejores prácticas de los países del entorno", apuntan.