Madrid
El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha cifrado en casi 420.000 personas los potenciales beneficiarios que pueden acogerse a los ERTE por fuerza mayor y al cese de actividad como consecuencia de las inundaciones provocadas por la DANA. El paquete medidas apoyado en el Consejo de Ministros ayer destina varias partidas para apoyar a las empresas, autónomos y plantillas con cotizaciones sociales bonificadas y coberturas por el freno de la actividad.
Durante una rueda de prensa posterior a la reunión del comité de crisis que aborda los efectos de la DANA, Suárez ha indicado que la cifra potencial de trabajadores que podrían adherirse a un ERTE porque viven o trabajan en un municipio afectado por las inundaciones asciende a más 350.000 personas, mientras que los autónomos que potencialmente pueden pedir el cese de actividad sumarían casi 70.000. Exclusivamente en la 'zona cero' se concentra un tercio de los afectados.
No obstante, Suárez ha indicado que el Ministerio no puede cuantificar todavía el número de personas trabajadoras que se han acogido a un ERTE por fuerza mayor, ya que la Seguridad Social debe esperar a que la Consejería de Empleo de la Comunidad Valenciana le comunique a la Dirección General de Trabajo la autorización o no del ERTE. Grandes fábricas como la de Ford en Almussafes preparan un ERTE por fuerza mayor debido al impacto de la DANA.
Lo mismo pasa con el cese de actividad solicitado por los autónomos ante las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, que de momento no hay una cifra oficial, aunque Suárez asegura que desde el Ministerio saben que se han empezado a solicitar en estos días.
A pesar de no tener una cifra oficial aún, el secretario de Estado se ha comprometido a que desde el Ministerio van a hacer un seguimiento "diario" del número de ERTEs y del número de personas trabajadoras afectadas por estas inundaciones.
Todas las medidas de Seguridad Social
Los citados ERTEs eximen de pagar cotizaciones sociales a las empresas y cubren parte del salario a los trabajadores. El cese de actividad de los autónomos, que les reportará una ayuda por valor del 70% de la base reguladora y también les libera de pagar cotizaciones sociales.
La Seguridad Social no tendrá en cuenta el periodo sin actividad de los trabajadores (asalariados o autónomos) para futuras próximas prestaciones como la prestación por desempleo. A cambio, el periodo estará cubierto a efectos de cotización para el acceso a la pensión contributiva de jubilación, por ejemplo, que exige 15 años de cotización.
Creación de una incapacidad temporal extraordinaria por daños físicos o psicológicos provocados por la DANA que garantiza el 75% de la base reguladora desde el primer día, similar al caso de los accidentes de trabajo.
Las pensiones de incapacidad permanente, viudedad y orfandad también se asimilarán a accidentes laborales. Esto supone un aumento de la cuantía y una mejora del cálculo, que se hará en base a los ingresos totales del último año.
Los hogares vulnerables tendrán una mejora en el Ingreso Mínimo Vital (IMV) del 15% durante tres meses que se podrá prorrogar en función de los avances.
