
El Gobierno aprobará esta mañana un escudo económico para las empresas, autónomos y trabajadores afectados por el impacto de la DANA que detalló ayer la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz tras reunirse con los representantes sindicales y empresariales de la Comunidad Valenciana. Las empresas podrán acogerse a los Erte por fuerza mayor con una deducción de, al menos, el 90% de las cotizaciones sociales. Los trabajadores autónomos, por su parte, tendrán un acceso más flexible al cese de actividad, la prestación que funciona como el 'paro' para este colectivo. El Ejecutivo quiere reforzar el teletrabajo y retribuir las ausencias justificadas para evitar desplazamientos innecesarios. Todo ello, con efectos jurídicos desde el día del desastre (29 de octubre).
Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor temporal obedecen a un paro en la actividad de la empresa motivado por "hechos o acontecimientos involuntarios, imprevisibles, externos al círculo de la empresa que imposibilitan temporalmente la actividad laboral", según explica Trabajo. Este primer punto está justificado por el impacto de la DANA en la Comunidad Valenciana y, en concreto, en la zona más afectada, la Horta Sud.
Está prevista una bonificación en el pago de cotizaciones sociales del 90% de la que se podrán beneficiar las empresas. En todo caso, el Gobierno condiciona el desembolso de dinero público a la protección de las plantillas, prohibiendo los despidos, realización de horas extraordinarias o externalización de servicios. Concederán estas ayudas sin periodo de carencia, es decir, sin necesidad de acreditar periodos de cotización previos
Durante la pandemia, las empresas no tenían que realizar ninguna petición expresa ni realizar facturas de las cotizaciones, pues se facilitó a través del Sistema de Liquidación Directa y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE); Díaz abre la posibilidad a esta opción.
Los autónomos cuentan con un sistema específico de protección por cese de actividad, el equivalente al 'paro' de los asalariados, y puede ser temporal o definitivo. Para facilitar su acceso, la Seguridad Social no tendrá en cuenta la necesidad de acreditar periodos cotizados a la hora de calcular el tiempo que podrá recibir la prestación.
Esta protección comprende el abono de una prestación económica mensual por cese de actividad, y la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes, con particularidades en determinados supuestos. La cuantía de la prestación será del 70% de la base reguladora, calculada según el promedio de las bases por las que el trabajador hubiera cotizado durante los 12 meses anteriores a la situación legal de cese de actividad. El Gobierno tiene en su poder la posibilidad de retocar también este porcentaje en el paquete de medidas que aprobará mañana el Consejo de Ministros.
Ausencias retribuidas y teletrabajo
El Gobierno también quiere evitar riesgos a su salud, desplazamientos que no sean esenciales o represalias laborales ante las dificultades por la catástrofe (por ejemplo, la puntualidad o el trabajo in situ). Reforzarán legalmente estas situaciones para que el trabajador no se vea obligado a acudir al puesto de trabajo si corre riesgo su salud en los siguientes casos que adelantó la ministra con un detalle, las ausencias serán justificadas retribuidas, un permiso no recuperable.
- Si desplazarte pone en riesgo tu seguridad o interfiere en labores de rescate y recuperación, y tu actividad es incompatible con el teletrabajo.
- Si tienes que atender a familiares desaparecidos o hacerte cargo del fallecimiento de alguien de tu familia.
- Si has perdido tu vivienda o enseres y no estás en disposición de acudir a tu puesto de trabajo.
- Si tienes que hacer frente al cuidado de familiares como consecuencia del cierre de colegios, residencias o servicios públicos en general.
- Si no dispones de conexión que te permita trabajar en remoto.
Díaz recupera el 'Plan Mecuida', implementado durante la pandemia, para dotar de flexibilidad a los tiempos de trabajo. Esta parte del escudo laboral amplía los derechos de adaptación y reducción de jornada con un recorte de hasta 100%. "Consiste en dar derechos de conciliación a todas las personas que no puedan ir a trabajar por motivos excepcionales. Derechos como: adaptación de jornada, reducción tiempo de trabajo, trabajo a distancia", insisten fuentes de Trabajo.
Suspensión del segundo pago del IRPF
A todo ello, se añade las medidas que el ministerio de Hacienda incluirá dentro del escudo social. Entre ellas, destaca la suspensión temporal del segundo pago del IRPF correspondiente a la Renta 2023 para los contribuyentes de Valencia a los que la declaración les salió a pagar, unos 200.000. En el caso de que los bancos ya hayan realizado esa operación -explican fuentes- también se contemplará la devolución en el plazo más breve posible a los contribuyentes afectados a quienes se les haya cobrado ese segundo plazo de la Renta 2023.
Para facilitar la aplicación de la medida, la Agencia Tributaria ha contactado ya con las entidades bancarias para transmitirles que no procedan a realizar los cobros de los ciudadanos de la provincia de Valencia que estaba previsto que abonaran su segundo plazo este 5 de noviembre. Por otro lado, Hacienda habilitará un punto de atención para profesionales tributarios afectados, a la vez que se va a disponer un número de teléfono específico y una dirección de correo para que estos profesionales tributarios puedan contactar de forma directa con la AEAT.
Por último se contempla la creación de 100 plazas de interinos anunciadas el pasado sábado por el presidente del Gobierno, con la intención de agilizar toda la tramitación de ayudas a los damnificados por el temporal. Según ha confirmado el ministerio de Economía, el Consorcio de Compensación de Seguros está comenzando las peritaciones de daños producidos, con el objetivo de poder empezar a efectuar los primeros pagos "a finales de la próxima semana". El volumen de reclamaciones en tan solo cuatro días se eleva a más de 35.800, hasta la mañana de este lunes.
Consecuencias de la declaración de emergencia
También está previsto que el Consejo de Ministros apruebe la declaración de zona gravemente afectada por la DANA que se extenderá por los territorios de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña y Aragón. De esta manera, Moncloa podrá desplegar de formar más ágil ayudas económicas directas a particulares por los daños producidos en sus viviendas o bienes de necesidad; compensaciones a los ayuntamientos afectados; auxilio económico a toda la industria, o comercios afectados; subvenciones por daños en infraestructuras municipales, o red viaria; ayudas a producciones agrícolas, ganaderas o forestales y el impulso de líneas de prestamos ICO para minimizar el impacto y los costes de los sectores más damnificados.
No obstante, el presidente del Gobierno podría optar por aprobar la declaración de "emergencia de interés nacional", tal y como ha solicitado el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en una declaración institucional ofrecida a primera hora de esta tarde. Esto supondría que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asumiría el mando único de la gestión de la crisis, que ahora tiene el presidente de la Generalitat valenciana, el popular Carlos Mazón. "Sigo creyendo que estamos ante una emergencia nacional. Si esto no es una emergencia nacional, ¿qué es entonces?, ¿qué lo es entonces? Y sigo creyendo que ante un desastre de esta naturaleza no se espera, se actúa con todo lo que uno puede aportar", ha dicho Feijóo desde la sede de su partido en la calle Génova de Madrid.
La ley del Sistema Nacional de Protección Civil permite que Moncloa asuma el mando, bien por propia iniciativa o a instancias del Ejecutivo de una comunidad autónomas delegación del Gobierno. Cabe recordar, que el presidente valenciano no ha reclamado -hasta la fecha- la petición, que ayer sí reclamó el líder de su partido. Llegado el caso, Interior podrá movilizar todos los recursos disponibles por parte de las diferentes Administraciones Públicas, aunque la emergencia no afecte a su territorio.