El Ministerio de Trabajo ha presentado su "última oferta" a la mesa de diálogo social que negocia la reducción de la jornada laboral máxima legal a 37,5 horas desde el inicio de 2024, asumiendo que no tiene tiempo para llegar a 38,5 horas este año. El departamento que encabeza la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha ampliado el paquete de ayudas directas y subvenciones a las empresas más pequeñas de sectores como el comercio o la agricultura. El 'número dos' de Díaz, Joaquín Pérez Rey, ha emplazado a la patronal CEOE y Cepyme a decidir su postura de cara a la próxima reunión que cerrará definitivamente la reforma, el 11 de noviembre.

El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta el anteproyecto de ley que flexibiliza los criterios de tamaño de las empresas o grupos de empresas, elevando el volumen neto de negocio que obliga a las empresas a presentar determinada información que aumenta sus cargas burocráticas. En el caso de las pequeñas empresas, este límite pasa de 4 a 5 millones (un 25% más), mientras en la empresa mediana y en la grande pasa de 40 a 50 millones (un 20% más en ambos casos). Reducirá las obligaciones corporativas y contables de las empresas, aunque Economía requerirá paralelamente nuevos informes sobre sostenibilidad en términos medioambientales, sociales y de gobernanza con una nueva ley.

Nationale-Nederlanden ha lanzado un nuevo producto de ahorro colectivo para el colectivo de autónomos, en este caso para los farmacéuticos. La aseguradora neerladesa se ha unido con Adefarma, la Asociación de Empresarios Farmacéuticos de Madrid, para promover un plan de pensiones de empleo simplificado entre los trabajadores por cuenta propia del sector, aunque también podrán acceder los trabajadores por cuenta propia de otros sectores. Quieren captar el ahorro del grupo profesional donde menos cala la previsión social complementaria a la pensión pública y donde mayor es el impacto financiero al acceder a la jubilación.

El Ministerio de Seguridad Social está desarrollando el proyecto de real decreto con el que prevé regular el acceso a la nueva jubilación anticipada en las ocupaciones con mayor peligrosidad, penosidad, toxicidad o insalubridad. Los coeficientes que están por definir en un próximo reglamento acortarán la edad de jubilación de los interesados: asalariados, autónomos y trabajadores del sector público. Durante los próximos meses, la Administración deberá elaborar una serie de informes para que cuatro ministerios elijan a los sectores que podrán optar a jubilarse a partir de los 52 años, como ocurre en el caso de los mineros, el personal de vuelo o los trabajadores del mar.

En los últimos quince años, el sector financiero ha sido el que más ha recurrido a la fórmula de la prejubilación como vía de ajuste para sus plantillas en el marco de sus procesos de reestructuración y transformación digital, incluyendo despidos colectivos aprobados a pesar de que sus cuentas registraban un saldo positivo. Pero esta fórmula ya no resulta tan rentable ni para las entidades ni para los propios trabajadores. Una de las razones es la obligación de realizar una aportación al Tesoro por cada mayor de 50 años afectado por una regulación de empleo, una sanción que, según un estudio publicado por Adecco, supone "un coste medio de entre 90.000 y 100.000 euros por empleado".