El Estado multa a la banca con 100.000 euros por cada mayor de 50 años víctima de un despido colectivo

En los últimos quince años, el sector financiero ha sido el que más ha recurrido a la fórmula de la prejubilación como vía de ajuste para sus plantillas en el marco de sus procesos de reestructuración y transformación digital, incluyendo despidos colectivos aprobados a pesar de que sus cuentas registraban un saldo positivo. Pero esta fórmula ya no resulta tan rentable ni para las entidades ni para los propios trabajadores. Una de las razones es la obligación de realizar una aportación al Tesoro por cada mayor de 50 años afectado por una regulación de empleo, una sanción que, según un estudio publicado por Adecco, supone "un coste medio de entre 90.000 y 100.000 euros por empleado".

"El sector de la banca ha tenido que aportar millones de euros al Tesoro asociada a esta norma que coloquialmente se llama 'cláusula Telefónica'", advierte el gigante de la industria de recursos humanos en su último informe sobre "Tendencias de RRHH en el sector Banca y Seguros". La mencionada cláusula solo se aplica en el caso de que la empresa registrara beneficios al hacer la regulación de empleo. La idea era que se compensara al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por el gasto en prestaciones y subsidios por desempleo que recibía el trabajador desde el momento del despido hasta su jubilación.

De hecho, toma su nombre de un proceso que Telefónica aplicó en 2011 para 6.380 trabajadores. Hasta 2022, la compañía habría abonado 305 millones de euros, lo que supone una media de 47.800 euros por afectado, según los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal. La mitad de lo estimado por Adecco para la banca. Aunque el organismo público solo desglosa el coste para la compañía tecnológica, hay otras 92 empresas a las que se han reclamado otros 678 millones. A ellas se sumará de nuevo Telefónica, que a principios de este año pactó otro despido colectivo pese a registrar beneficios, si bien aún no se ha calculado la compensación.

De ellas, 10 son bancos, entre los que destacan CaixaBank, Santander, Ibercaja, Cajas Rurales Unidas y Bantierra (Caja Rural de Aragón). También algunas entidades ya desaparecidas, como Bankia (integrada en CaixaBank). El SEPE solo desglosa las aportaciones de Telefónica por su ERE de 2011, por lo que es imposible conocer cuánto han abonado o se reclama a cada una de estas entidades financieras. Por ello, la estimación de Adecco resulta especialmente reveladora del coste para la banca de estos procesos.

Aunque la compañía recuerda el papel jugado por los programas de recolocación externa que desde 2012 son obligatorios para cualquier proceso de despido colectivo que afecte a más de 50 trabajadores. Un mecanismo que puede ahorrar "cientos de miles de euros" a las empresas, aunque no se aplica igual según la edad de cada trabajador. De hecho, admite que, en el caso de los prejubilados, los programas "no están orientados a una búsqueda de empleo, sino a prepararse para una nueva etapa vital, tanto desde el punto de vista personal y emocional, como desde una perspectiva financiera."

Hay que tener en cuenta que, aunque la cláusula Telefónica estaba vigente desde 2011, no se empieza a reclamar hasta 2013, cuando el gobierno desarrolla el mecanismo de cálculo y reclamación de las aportaciones. Por ello no incluye el grueso de los despidos de mayores de 50 años en el marco de la gran reestructuración del sector financiero iniciada en 2009. La mayoría de esos despidos se realizaron por motivo de esta transformación, pese a que las entidades registraban beneficios.

El encanto de las prejubilaciones

A ello se suma que el concepto de prejubilación siempre ha tenido una ventaja reputacional para el sector financiero, sobre todo si se hacen en el marco de programas de 'bajas incentivadas' (dimisiones sin derecho a paro ni subsidio) para evitar tener que presentar un expediente de regulación de empleo, cuando la crisis financiera estalló y se vieron obligados a ello, en parte por la reestructuración, el foco siempre se puso en los mayores de 50 años.

A diferencia de otros sectores, los procesos venían acordados con los sindicatos (a pesar de que la reforma laboral de 2012 eliminó la tutela administrativa de la negociación de los despidos colectivos). Además la adhesión a estos despidos quedaba abierta y eran los propios trabajadores los que elegían si apuntarse. Ello redujo la mala prensa de estos recortes y, de hecho, el término "salidas voluntarias" seguía utilizándose incluso cuando el prejubilado había sido víctima de un despido. Pero estas soluciones ya no son rentables.

"El modelo se está agotando y las entidades financieras se han visto abocadas, por diferentes motivos, a gestionar despidos colectivos y a desvincular de sus organizaciones empleados no prejubilables", apunta Adecco, quien incide en que las condiciones de los acuerdos de prejubilación, voluntaria o en el marco de despidos son, además, peores: los programas de renta han pasado de garantizar el 95% del sueldo al 80%.

En parte influye que en el marco de la reestructuración financiera las entidades contaron con el apoyo de una ingente cantidad de dinero público para hacer menos traumático el ajuste (y garantizar la 'paz social' con los sindicatos, sobre todo en el caso de despidos colectivos. Ahora ese grifo se ha cerrado, a pesar de que las empresas tienen que hacer ajustes para adaptarse a la transformación digital del sector y que cuentan con una inesperada ayuda por parte del propio SEPE.

En caso del subsidio por desempleo para mayores de 52 años, el SEPE cotiza por el equivalente al 125% de la base mínima de cotización, lo que permite a algunas empresas pactar condiciones aún más ventajosas en despidos para los trabajadores senior a cambio de que no vuelvan a trabajar hasta jubilarse. Y rebajar los convenios especiales que pactan con los afectados para nutrir su futura pensión. En todo caso, la negociación colectiva sigue contemplando bonificaciones para la jubilación anticipada para unos 640.000 trabajadores en activo.

El ocaso de las prejubilaciones

Un 'puente de plata' hacia la prejubilación que las entidades aprovecharon intensamente durante la reestructuración bancaria que llevó a la reconversión de las antiguas cajas de ahorro entre 2008 y 2011, pero que empezó a truncarse a partir de 2012 cuando el Gobierno del PP aprobó retrasar la edad de jubilación anticipada de los 63 a 65 años, de manera similar a como ocurría con la ordinaria.

También endureció los subsidios para mayores: elevó de 52 a 55 años el momento de acceso y redujo del 125% al 100% la cotización, aunque seguía siendo una ventaja que los preceptores de otras prestaciones no tienen. El PSOE revertió este cambio en 2019, volviendo a elevar la edad mínima y recuperando la sobrecotización del 125%. Esto ha tenido un relativo impacto en la edad de las prejubilaciones, que según Adecco "se ha flexibilizado".

Pero aunque haya más personas cobrando este subsidio que nunca, los que son prejubilados propiamente dichos son menos que antes. Las jubilaciones anticipadas, especialmente las forzosas (las que se producen tras un despido), reflejan claramente un cambio en el modelo de salida del mercado laboral.

Las personas que encadenan el paro de larga duración con el cobro de la pensión de manera forzosa a través de la denominada jubilación anticipada involuntaria han descendido un 75% en la última década. En estos casos encaja el perfil promedio de prejubilado en el marco de un despido colectivo. Los expertos consultados afirmaban que el tejido de protección social evitó en la pandemia una destrucción masiva en línea con otras crisis, haciendo que haya menos casos 'potenciales' para salir antes de tiempo del mercado laboral, con matices.

La reforma de pensiones de 2021 endureció los coeficientes reductores de la pensión pública en los casos voluntarios, mientras mantuvo o suavizó el impacto en los casos involuntarios o forzosos. Pero las empresas, sobre todo las entidades financieras, están dejando atrás esta vía. Y cuando lo hacen, ofrecen "condiciones peores", incide Adecco.

Esto no implica que las entidades renuncien a hacer ajustes. No pueden permitírselo en un entorno de dura competencia con las nuevas entidades digitales. Pero eligen otra vía. Según Adecco, crecen los despidos colectivos que incluyen a trabajadores en edad "no prejubilable" y que ahora se ven en la calle con condiciones mucho menos ventajosas que en épocas anteriores.

Su consuelo es que, a diferencia de lo que ocurre con los prejubilados forzosos, los programas de recolocación son mucho más eficaces en los trabajadores menores de 50 años. Según los datos de Adecco, en el sector de banca y seguros de las personas que inician el programa de recolocación, y se mantienen activos en el mismo, se recolocan un 62% antes de 6 meses, mientras que un 35% lo hace entre el mes 7 y el 12. "Es decir, un 97% han conseguido una solución satisfactoria en los 12 meses siguientes a su despido", afirma la compañía.