Mientras las vicepresidentas primera y segunda del Gobierno protagonizaban su particular farsa bufa del IRPF para los perceptores del salario mínimo interprofesional, la empresa de trabajo temporal Randstad hacía público su último informe sobre el absentismo laboral, en el que se pone de relieve que 1,46 millones de trabajadores faltaron cada día al trabajo en 2024, y de ellos más de 326.000, el 22,2%, lo hicieron por razones distintas a una baja médica.
Decir, como ha dicho la ministra portavoz, que presentar los Presupuestos en el Congreso sin tener la garantía de ser aprobados es "perder el tiempo" refleja, no sólo la incultura política y democrática y la miseria moral de quien lo afirma y de quiénes se lo mandan, sino que también supone una violación de la Constitución, un desprecio al Parlamento y un fraude a la democracia que sitúa a sus promotores en una situación de ilegalidad manifiesta impropia de un Estado de Derecho que, eso sí señora Alegría, provoca más escalofríos que los jaleos a Mazón.
Artículo 134 de la Constitución Española: “1. Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación. 2. Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. 3. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.”
Conscientes de que el tejido empresarial español está inmerso en dinámica alarmante, en la que cada vez se crean menos empresas mientras aumenta el número de cierres y disoluciones, la Fundación CEOE, coincidiendo con la celebración de su 40 Aniversario ha puesto en marcha un programa permanente destinado a fomentar el espíritu empresarial entre los más jóvenes desde la educación primaria.
Se jactaba la ministra de Trabajo, Yoli la de los cohetes, de haber arrancado a Pedro Sánchez la promesa de que el incremento del gasto militar no va a suponer un recorte de las políticas sociales. Algo que resultaría ciertamente positivo si no fuera porque la palabra del presidente del Gobierno carece de la mínima credibilidad y porque lo que ellos llaman políticas sociales, más que sociales en beneficio de la sociedad entera y del estado de bienestar, son remedios placebo que aparentemente favorecen pero no mejoran y, en muchos casos, empeoran los males y dolencias.
Consumado ya el esperpento del "vis a vis" entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz para poner de acuerdo al gobierno consigo mismo, el sainete monclovita nos prepara ahora un nuevo serial con caracteres de culebrón televisivo. Es decir una historia insólita, lacrimógena y sumamente larga en definición de la Real Academia, que comienza con el melodrama de la búsqueda de los apoyos perdidos y termina con el drama de un nuevo asalto fiscal a la ciudadanía que, como es habitual en el sanchismo suele ser la víctima de las veleidades y desafueros de un gabinete de coalición a la deriva.
Resulta cuando menos paradójico que mientras Pedro Sánchez promete mil millones de euros a Ucrania durante diez años, además de armamento, aquí siga poniéndose de arrastrando los pies y jugando al sí pero para aumentar el gasto en defensa como nos exigen la OTAN y nuestros socios europeos.
Aunque nunca fueron buenas e incluso tensas por momentos, es del todo punto manifiesto que las relaciones de gobierno de Pedro Sánchez con la nueva administración estadounidense han comenzado de forma convulsa y con síntomas de crispación. Las exigencias trumpistas para aumentar las inversiones en defensa y el apoyo a Ucrania y a Zelenski son sólo dos de las cuestiones más problemáticas entre ambas administraciones, pero no las únicas ni las más importantes, que llegan incluso al terreno personal.
La declaración de la amante de pago de Ábalos, Jessica Rodríguez, en el Tribunal Supremo como testigo en el caso del ex ministro de Transportes, que también es el caso PSOE, probablemente no es la de mayor gravedad desde el punto de vista jurídico y penal contra el ex ministro y ex número dos del sanchismo, pero si la que más daño puede hacerle, y también al partido y al Gobierno, en el ámbito mediático, social y entre la ciudadanía.
Si para algo sirvió la parodia de reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiero sobre la supuesta condonación de deuda fue para ver a la teórica ministra de Hacienda, María Jesús Montero ejerciendo de delegada títere en Madrid de Oriol Junqueras y de Puigdemont, que parece ser su principal y casi exclusiva tarea en el Gobierno.