Se jactaba la ministra de Trabajo, Yoli la de los cohetes, de haber arrancado a Pedro Sánchez la promesa de que el incremento del gasto militar no va a suponer un recorte de las políticas sociales. Algo que resultaría ciertamente positivo si no fuera porque la palabra del presidente del Gobierno carece de la mínima credibilidad y porque lo que ellos llaman políticas sociales, más que sociales en beneficio de la sociedad entera y del estado de bienestar, son remedios placebo que aparentemente favorecen pero no mejoran y, en muchos casos, empeoran los males y dolencias.
Esto es lo que ocurre cuando las políticas sociales se contaminan de populismo y se aplican por dirigentes populacheros, intervencionistas y sin la preparación y el conocimiento suficientes. Claro ejemplo tenemos aquí y ahora con la imposición arbitraria de la reducción de la jornada laboral y con la subida desproporcionada y sin acuerdo social del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que en España ha subido nada menos que un 61% desde 2018, pasando de 735 euros mensuales a 1.194, mientras que el salario medio ha crecido cuatro veces menos y el coste laboral para las empresas es un 32,8% superior.
Todos los analistas y los servicios de estudios coinciden, y la experiencia así lo avala, que las subidas agregadas del SMI tienen efectos negativos sobre el empleo y la estabilidad de las empresas. Todos menos las ministra Yolanda Díaz y su séquito de colaboradores y propagandistas. Y a todas estas voces críticas se suma ahora el Banco de España, que hoy gobierna el ex ministro sanchista nada sospechoso José Luis Escrivá, y cuyo último informe que recoge las respuestas de más de 15.000 autónomos y sociedades muestra que como consecuencia de la subida del SMI el 21% de las empresas se ha visto obligada a reducir las contrataciones, un 10,1% ha recortado la plantilla, el 32% ha reducido márgenes lo que afecta negativamente a la inversión, y otro 26% ha trasladado a los precios de venta la subida del salario mínimo, es decir que no sólo perjudica seriamente al empleo sino que tiene un evidente impacto inflacionista.
Insiste también el Banco de España en la evolución de la productividad, indicador fundamental para el crecimiento de la economía, que hoy es inferior a la de hace seis años y para la que estima un crecimiento anual inferior al 1% por trabajador y año mientras recuerda que en los países donde la productividad no crece las oportunidades de trabajo se reducen y se estancan los salarios.
Y esto ocurre en un país con más de 4 millones de parados reales, más de un millón de los que reconocen los datos oficiales del Gobierno que, como venimos reiterando, tienen más trampas y cocina que las encuestas de Tezanos, al no contabilizar como parados a los desempleados que realizan cursos de formación, ni a los que buscan empleo específico o con disposición limitada. Tampoco cuentan los fijos discontinuos inactivos o a los afectados por los ERTEs. Sólo así se explica que mientras registra 2,59 millones de parados en la letra pequeña admite que la cifra de demandantes de empleo supera los 4,5 millones de personas.
Todo esto con el añadido de la precariedad de nuestro mercado laboral donde crecen más los contratos temporales que los indefinidos, proliferan los "contratos cerilla" que duran menos de una semana, y donde tener un contrato indefinido no garantiza tener un empleo estable ni poder llegar a fin de mes.
Este es el resultado de las llamadas políticas sociales de un gobierno, y especialmente de una ministra de Trabajo, que deberían entender e interpretar que en un país que lidera el desempleo de la UE duplicando la tasa de paro media de la Unión, la mejor política social es crear empleo y empleo estable, que es lo único que no saben o no quieren hacer mientras se dedican a poner palos en las ruedas de las empresas que son los auténticos motores del crecimiento económico y de la dinamización de un mercado laboral hoy infectado por el intervencionismo y el fanatismo ideológico de los políticos.