Madrid
Las pequeñas y medianas empresas españolas tienen que pagar un 4,5% más que el año pasado por el salario de un trabajador tras la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.184 euros mensuales, según Cepyme.
La medida aprobada por el ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, ha puesto sobre la mesa, una vez más, el debate de cuánto pagan las empresas por sus trabajadores para que éstos puedan percibir el Salario Mínimo. Pero éste no ha sido el único, ya que su aprobación tampoco ha sido tarea fácil para Díaz.
Tras varios meses de negociación y desencuentros entre el Ministerio de Trabajo, las patronales, CEOE y Cepyme, y los sindicatos, UGT y CCOO, el incremento del SMI ya es una realidad, y se ha visto reflejado en la nómina de este mes pasado.
La subida del Salario Mínimo, por séptimo año consecutivo, ha sido criticada por las patronales ya que éstas defienden que Trabajo no tiene en cuenta si las pequeñas y medianas empresas podrán hacer frente a tales incrementos, que vienen encadenándose desde el año 2019, por sus escasos recursos económicos.
Cabe destacar que a este debate se ha sumado el de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, que, si finalmente sale adelante, las pequeñas y medianas empresas tendrán que modificar los contratos de sus trabajadores (en lugar de tener a uno a jornada completa, tener a dos a media jornada), emplear a una persona más para que cubra ese tiempo o, en el peor de los casos, cerrar antes el negocio y reducir la producción. Son las opciones que barajan las pequeñas y medianas empresas según fuentes de Cepyme.
Tras su aprobación, la subida salarial fue opacada por la decisión del ministerio de Hacienda de que el Salario Mínimo tributara por primera vez el IRPF. Esta decisión volvió a dividir el Congreso de los Diputados.
Los socios de Gobierno ya han presentado sus propias propuestas para que el SMI no pague este impuesto, que haría que Hacienda dejara de percibir entre 1.700 y 2.000 millones de euros, pero la última palabra la tiene el Ejecutivo que, por sus últimas declaraciones, no parece que vaya a revocar la medida.
Para que un trabajador perciba el Salario Mínimo actual, 1,184 euros mensuales en 14 pagas, el empresario tiene que desembolsar hasta 1.903,75 euros al mes. Esto se debe a que a el salario hay que sumar el porcentaje que se destina a contingencias comunes, al desempleo, al Fondo de Garantía Social (Fogasa), una partida destinada a la Formación Profesional, otra a accidentes y enfermedades y, una al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Todas estas variables hacen que los empresarios tengan que desembolsar hasta 719,75 euros al mes en cotizaciones sociales por cada empleado.
Además, el Ejecutivo se propuso incrementar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional hasta que alcance el 1% -ahora está en el 0,67%-, por lo que se incrementará anualmente hasta que en 2029 alcance ese porcentaje (en 2025 paga un 0,67%, en 2026 un 0,75%, en 2027 un 0,83% y en 2028 un 0,92%).
Las cotizaciones sociales ligadas al salario han crecido en los últimos años. Mientras que en 2022 los costes ligados al SMI eran entre 4.312 y 5.201 euros al mes, en 2025 se han alzado hasta los 5.216,57, en el mejor de los casos, y los 6.269,04 en el supuesto de las que más pagan. Este es uno de los principales motivos por el que a las empresas les resulta tan costoso contratar a un trabajador.
Es por este motivo por el que los costes laborales de las empresas han crecido un 19,01% desde el año 2022, cuando las compañías tenían que desembolsar entre 1.526 y 1.600,08 euros al mes por cada trabajador. Cabe destacar que en ese año ya se incrementó el coste un 3,6% con respecto al año 2021.
A todos estos costes hay que sumarles los que pueden venir derivados de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, propuesta por Trabajo y que ha sido aprobada para la tramitación por la vía urgente en el Congreso de los Diputados. Esta medida, que no solo tiene el objetivo de disminuir las horas de trabajo, sino también la desconexión digital y el registro horario, también dividió al Gobierno de coalición por las reticencias del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para su puesta en marcha. Además, abrió un nuevo debate, como comentaba anteriormente, por el coste que supondrá a las empresas y al encarecer las horas trabajadas cuando entre en vigor.
