Madrid
Mientras las vicepresidentas primera y segunda del Gobierno protagonizaban su particular farsa bufa del IRPF para los perceptores del salario mínimo interprofesional, la empresa de trabajo temporal Randstad hacía público su último informe sobre el absentismo laboral, en el que se pone de relieve que 1,46 millones de trabajadores faltaron cada día al trabajo en 2024, y de ellos más de 326.000, el 22,2%, lo hicieron por razones distintas a una baja médica.
Un fenómeno este del absentismo laboral que se ha multiplicado por dos en los últimos diez años que, con datos de las mutuas ha supuesto un coste de 28.900 millones de euros para las empresas con un aumento del 186%, y que está dañando gravemente la productividad y la competitividad de nuestra economía y de nuestro tejido empresarial además de suponer un lastre para el sistema de la Seguridad Social, perjudicando también resto de trabajadores que ven incrementada su carga de trabajo.
Y esto en unos momentos en que España destaca en el panorama internacional por la mayor gravedad de sus problemas de productividad, tanto del trabajo como del capital, y de la productividad total de los factores. Los informes de las instituciones europeas muestran que mientras en la Unión Europea el aumento de este indicador ha alcanzado el 0,8% anual entre los años 2013 y 2022, en España apenas logró alcanzar el 0,4% por ejercicio durante esa misma década, lo que nos sitúa como el quinto Estado de la UE con peor avance y considerablemente alejado de la media comunitaria.
Recordar aquí que la productividad y competitividad son esenciales en una economía. No pueden mejorarse la producción, la actividad económica y el empleo sin aumentos en productividad y competitividad y, sin embargo, el Gobierno adopta decisiones que las perjudican, como la subida masiva de impuestos, el aumento de cotizaciones, el incremento del salario mínimo y la reducción de jornada. Sólo esta última medida, aumentará los costes de las empresas en más de un 6%, con especial quebranto para pymes y autónomos, que no podrán soportar ese sobrecoste.
En este punto los datos de Randstad revelen que el absentismo general ha provocado una pérdida de un 6,7% de las horas pactadas, mientras que los análisis de la CEOE demuestran que computando el absentismo la jornada laboral real se sitúa en 36,5 horas semanales, un punto menos que las 37,5 aprobadas por el Gobierno. Y con esta realidad las mentes delirantes de los Sumar de Yoli la de los cohetes, han apostado durante su segunda asamblea estatal por conseguir una jornada laboral de 32 horas semanales.
Claro que, rivalizando con sus compañeras de gabinete y desgobierno, Yolanda y Alegría, la bufonada del mes la protagonizo la pluriempleada vicepresidenta primera, María Jesús Montero, cuando en un arranque de delirio calificó de "vergüenza" que "la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes" sin que todavía haya sido cesada de forma fulminante.
Sin entrar en la sentencia y en las circunstancias del llamado "caso Alves", estas manifestaciones suponen un atentado contra la democracia, la seguridad jurídica y la división de poderes, porque la presunción de inocencia es un elemento esencial del Estado de Derecho, una garantía constitucional y prevalece siempre y en cualquier circunstancia sobre los testimonios sin pruebas de mujeres y de hombres sea cual sea su creencia, raza o condición social.
Y los más grave del asunto es que estas palabras de la todavía vicepresidenta, como las de la portavoz Pilar Alegría cuando dijo que presentar los presupuestos al Congreso es una pérdida de tiempo, más que una demostración de su diarrea verbal incontrolada, que también, parecen ser una traición del subconsciente reflejo de una mentalidad totalitaria y autocrática. Y no son las únicas ni las más importantes en el Ejecutivo. Nos estamos jugando la democracia y la sociedad anestesiada.
