Madrid
Decir, como ha dicho la ministra portavoz, que presentar los Presupuestos en el Congreso sin tener la garantía de ser aprobados es "perder el tiempo" refleja, no sólo la incultura política y democrática y la miseria moral de quien lo afirma y de quiénes se lo mandan, sino que también supone una violación de la Constitución, un desprecio al Parlamento y un fraude a la democracia que sitúa a sus promotores en una situación de ilegalidad manifiesta impropia de un Estado de Derecho que, eso sí señora Alegría, provoca más escalofríos que los jaleos a Mazón.
Presentar los Presupuestos no es una decisión del Gobierno sino una obligación del Gobierno. Y una renuncia a la responsabilidad presupuestaria que obliga a prorrogar, por segundo año unas cuentas del Estado obsoletas tiene graves repercusiones para la economía y el empleo con el añadido de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida estima que supone también un "chantaje" a los ayuntamientos que, junto a las 41 diputaciones provinciales, los siete cabildos y los cuatro consejos insulares se han unido para reclamar al Ejecutivo nacional un nuevo modelo de financiación local.
Durante su intervención en los desayunos de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, en el marco del Casino Gran Vía de Madrid, el alcalde de la capital de España explicó que las entregas a cuenta de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado para el año 2025 no podrá ser realizada por la "incapacidad manifiesta" del gobierno sanchista para aprobar los Presupuestos.
Una cantidad que Martínez Almeida cifró en 1.200 millones de euros y cuya paralización perjudica gravemente a lo servicios públicos que estas corporaciones realizan en beneficio de los ciudadanos a los que representan. " Hoy se está certificando que hay que ir a elecciones", afirmó.
El primer edil madrileño no desaprovechó la oportunidad para confirmar y glosar la información avanzada por elEconomista.es que, con datos de la agencia de estadísticas comunitaria, Eurostat, revela que la región española se ha convertido en la cuarta economía más grande de toda la Unión Europea tras superar a la irlandesa Eastern and Midland, que integra a Dublín y mantenerse por encima de las regiones que albergan a ciudades como Berlín, Roma o Lyon.
De hecho, el PIB de la Comunidad de Madrid superó los 293.000 millones de euros en 2023 (último dato disponible en Eurostat), lo que convierte a la Comunidad madrileña la región más importante de todo el sur de Europa, mientras que la ciudad de Madrid se ha posicionado como capital simbólica de la región.
Una comunidad la que preside Isabel Díaz Ayuso que es también la principal locomotora que tira del crecimiento económico de España por encima de Cataluña y un foco insuperable de atracción inversiones como refleja el hecho de que la inversión extranjera se disparó en Madrid durante el pasado año, creciendo un 44%, mientras caía un 12% en el conjunto de España. Algo tendrá el agua cuando la bendicen, que dice sabiamente el refranero.
La seguridad jurídica, la baja fiscalidad, el apoyo al emprendimiento y una apuesta decidida por el talento son los ejes principales de este éxito, a los que Martínez Almeida añadió también la calidad de vida y la convivencia. Apuestas que contrastan con las actitudes de un gobierno central que ataca al empresario, genera inestabilidad política y fomenta la división y la polarización social.
Un gobierno, el sanchista, al que el alcalde capitalino calificó de miserable por prohibir que el ejército participe en la parada militar con motivo de la festividad del 2 de Mayo, día de la Comunidad de Madrid. "Es difícil decirles a los madrileños que este gobierno, su miseria, su comportamiento miserable con Madrid llega hasta el punto de que el ejército, en un día tan especial para Madrid y los madrileños, tan identificados con sus valores van a quitarnos la parada militar", resalto. Una afrenta más esta de la parada militar que viene a corroborar que Sánchez y su gobierno odian a Madrid, probablemente porque odian la libertad.
