El apetito de los grandes inversores para impulsar vivienda asequible en Madrid dentro del conocido popularmente como Plan Ayuso es muy alto. Este consiste en transformar edificios de oficinas obsoletos o suelos de uso terciario e industrial en residencial para promover proyectos de alquiler asequible.
Sin embargo, el sector denuncia que desde el Ayuntamiento de Madrid no se ha llevado a cabo una buena interpretación de la normativa, lo que está poniendo freno a muchas de estas operaciones.
Concretamente, desde la consultora inmobiliaria Colliers han identificado dos zonas de la Capital que cuentan con un potencial conjunto para desarrollar alrededor de 13.600 unidades de alquiler asequible dentro del Plan Ayuso y que debido a "una interpretación muy ajustada de la Ley" por parte del Consistorio madrileño no se están pudiendo llevar a cabo.
Se trata, por un lado, de la zona de Las Tablas, donde se podrían desarrollar unas 600 viviendas y, por otro, en la zona de Julián Camarillo, "donde estimamos que hay actualmente edificios de oficinas que serían susceptibles de transformarse con una superficie que daría un volumen no inferior a 13.000 viviendas", explica Antonio de la Fuente, Managing Director Corporate Finance de Colliers.
El directivo asegura que actualmente "existe muchísimo interés por invertir en vivienda en casi cualquier ubicación no solo de Madrid, sino de toda la región madrileña. Por ello, habría muchísimo interés en desarrollar vivienda en estas dos zonas e incluso habría interés para hacer vivienda protegida con la Ley Ayuso".
De la Fuente asegura que "el Ayuntamiento de Madrid, en una interpretación muy ajustada de la Ley, ha eliminado los usos industriales en coexistencia con el terciario de oficinas lo que ha imposibilitado que las viviendas se vayan a desarrollar".
El Consistorio que lidera José Luis Martínez-Almeida, pese a que apoyó esta iniciativa, se mostró crítico desde un principio con la normativa de Ayuso, que permite cambiar el uso de un edificio o parcela de forma más ágil al hacerse mediante una licencia y no a través de la figura del plan especial, lo que alarga enormemente los plazos de actuación.
Así, durante el periodo de alegaciones de esta normativa, el equipo de Almeida presentó 13 alegaciones sobre los 16 puntos que conformaban el anteproyecto. Desde el Gobierno de Ayuso se tuvieron en cuenta las que afectaban a siete de ellos.
La iniciativa de Ayuso llega en un momento dulce para el sector residencial en España y especialmente en Madrid, donde todos los grandes inversores, incluidos los institucionales, tienen el foco puesto para desarrollar todo tipo de proyectos, tanto de vivienda libre como asequible. En este contexto entran también los cambios de uso, es decir, la compra de un edificio, generalmente de oficinas, que se transforma en viviendas y también en algunos casos a hotel. Hasta septiembre, la inversión destinada a este tipo de transacciones ascendía a 700 millones de euros y los expertos apuntan que esta cifra podría crecer mucho más si se flexibilizara el urbanismo.
En este sentido, Mikel Echavarren, CEO de Colliers en España, asegura que "hacen falta políticas inteligentes para desarrollar vivienda sobre usos que se han demostrado inviables".
"La Comunidad de Madrid ha tomado la iniciativa en este sentido. Sin embargo, además de estas políticas de flexibilización, sería necesario su aplicación de forma valiente y ágil, hablando con el mercado para evitar errores en la traducción de dichas iniciativas a la realidad del mercado. Hoy por hoy, el Ayuntamiento de Madrid no es el mejor ejemplo en la transposición de la normativa autonómica y podría hacer mucho más para facilitar el desarrollo de vivienda asequible. Es una muestra más de que con leyes, se puede avanzar, pero es necesario voluntad, conocimiento del mercado y de la realidad de su evolución", destaca Echavarren.
