Si para algo sirvió la parodia de reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiero sobre la supuesta condonación de deuda fue para ver a la teórica ministra de Hacienda, María Jesús Montero ejerciendo de delegada títere en Madrid de Oriol Junqueras y de Puigdemont, que parece ser su principal y casi exclusiva tarea en el Gobierno.
Porque no por esperada deja de ser menos indignante y humillante la nueva cesión de Pedro Sánchez a los independentistas catalanes para comprar su permanencia en el gobierno, que no ganó en las urnas, con el dinero de todos los españoles. Una rendición más que, en este caso, supone un golpe de Estado fiscal contra la Constitución, la igualdad de los españoles y el Estado de Derecho, y un acto de desvergüenza política y moral, además de ser el primer paso para la independencia fiscal de Cataluña a través de ese pretendido concierto que no es otra cosa que la voladura premeditada del sistema de solidaridad fiscal entre los territorios de España y de la igualdad entre los españoles.
Una condonación a la carta para Cataluña que la ministra de Hacienda intenta disfrazar de café para todos, y que ni es condonación ni responde a los mínimos criterios de utilidad y de justicia porque supone un premio a los malgastadores y al incumplimiento mientras penaliza a la buena gestión, la responsabilidad y el servicio a la ciudadanía.
Y no es condonación porque mienten la ministra y el resto del loro parque ministerial. La deuda no desaparece sino que cambia la titularidad. No se perdona nada. Es un truco contable por el que la deuda pasa de las autonomías al Estado y los 83.252 millones supuestamente condonados los van a seguir pagando los ciudadanos de las comunidades afectadas a razón de 1.900 euros por cabeza, con la única diferencia que hasta ahora la pagaban como andaluces, asturianos, valencianos, castellanos o gallegos, y ahora lo van a hacer como españoles, a los que nos espera otra subida de impuestos como pago a los votos de los enemigos de España para sostener a Sánchez.
Todos menos posiblemente los catalanes, porque si se concreta el llamado concierto fiscal, que en realidad no es más que la independencia tributaria, Cataluña dejará de contribuir al conjunto de España y recaudará todos los impuestos en su territorio para luego compensar al Estado con lo que ellos estimen conveniente.
Una Cataluña que lejos de estar infrafinanciada es también una de las más beneficiadas por el actual sistema de financiación de las autonomías. Las comunidades realmente infrafinanciadas hoy son Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana, mientras que Cataluña, con 19 impuestos autonómicos, tiene la misma financiación por habitante que Madrid que es la única comunidad que no acudió al socorro del FLA porque era la única que podía financiarse en los mercados y con 16 impuestos menos.
Todo ello con la constatación de que la deuda catalana no ha ido a mejorar los servicios, la calidad de vida o a bajar los impuestos de los ciudadanos catalanes, sino a pagar los onanismos independentistas con la complicidad por consentimiento y por sometimiento del sanchismo gobernante. En concreto casi un tercera parte de los 84.000 millones de la deuda de Cataluña con el Estado corresponde a gastos en embajadas exteriores, propaganda y otras actividades relacionadas con sus aspiraciones secesionistas y la quimérica república catalana, que ahora pretenden que paguemos todos.
Si de verdad se quiere abordar con equidad y sensatez el problema de las cuentas autonómicas lo primero que hay que entender es que lo que necesitan las comunidades autónomas y sus ciudadanos no es condonación de deuda sino que les mejoren la financiación a través de una reforma del sistema que corrija los desequilibrios actuales. Y eso es lo único que esta trampa pactada entre Moncloa y los golpistas condenados del 17-O ni plantea ni resuelve. El problema es que nos venden mentiras y miseria y todavía hay muchos que las compran.