La financiación autonómica es uno de los desafíos del Gobierno en 2025, ya que está obligado a incorporar las condiciones "singulares" para Cataluña pactadas entre ERC y PSC y que permitieron la investidura de Salvador Illa. Este acuerdo limita el principio de solidaridad de la actual normativa autonómica, que lleva a los territorios más ricos a financiar al resto.
Un precepto incluido en la Constitución que insta a velar por "un equilibrio económico entre las diversas partes de España". Pese a ello, el llamado concierto catalán topará dicha solidaridad primando el principio de ordinalidad.
De esta forma, la cantidad que recaudará cada región por habitante será más similar a la que recibe del Estado, lo que hará que se reduzca el monto en regiones más lugares menos poblados y, por ende, con menos capacidad recaudatoria.
El concierto catalán supondrá así un duro golpe fiscal para el resto de autonomías, aunque la más afectada de todas ellas será Andalucía, que está abocada a millonarios ajustes o a promover fuertes subidas de impuestos. Esto supone una muy mala noticia para la recién elegida secretaria general del PSOEandaluz, María Jesús Montero. Un cargo que la actual vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda no quería, pero que no tuvo más remedio que aceptar al ordenárselo el presidente Sánchez.
Es evidente que diseñar un modelo de financiación que beneficia a Cataluña y perjudica a Andalucía, otorga armas de sobra al PP y al resto de partidos políticos para atacar a Montero, en un momento crítico en el que PSOE se está desangarando en Andalucía. Sólo la posibilidad de que el Gobierno no saque adelante la financiación autonómica y no pueda cumplir con el pacto firmado entre PSC y ERC dejaría a Montero bien situada para enfrentarse en 2026 al presidente andaluz con suficientes argumentos.
