El Gobierno ya tiene permiso, una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado 2017, para lanzar la oferta de empleo público (OEP) más amplia de la democracia. En pocas semanas, las Administraciones Públicas podrán convocar hasta 67.000 plazas, cifra que pactaron en marzo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y representantes de los tres sindicatos con más credo entre los funcionarios: CCOO, UGT y CSI-F.
Los municipios andaluces protagonizan, hoy por hoy, la mayor morosidad del ámbito local español. Es lo que se desprende de las estadísticas del Ministerio de Hacienda, que ponen de relieve cómo casi una treintena de entidades de esta autonomía abonan a proveedores con más de medio año de retraso. El caso más paradigmático entre las de mayor tamaño es el del Ayuntamiento de Jaén, que tarda, de media, 468 días en pagar. Sin embargo, no es el único: los municipios gaditanos de mayor renombre (Algeciras, Jerez o El Puerto de Santa María) aparecen entre los más morosos, y el récord negativo de todo el país lo ostenta la Mancomunidad de Janda, también en Cádiz, que abona sus facturas con 859 días de retraso.
El Consejo de Ministros dará luz verde al techo de gasto de 2018 el lunes 3 de julio, tres días después de lo previsto. ¿La razón? El 30 de junio, viernes, el presidente Mariano Rajoy y varios ministros acuden a Polonia a una cumbre bilateral, según explicaron ayer fuentes del Ejecutivo. De cualquier manera, el leve retraso no afectará a los planes del Ministerio de Hacienda, ya que el Congreso votará el límite de gasto, que se situará algo por encima de los 121.000 millones, la semana del 11 de julio.
España no tiene la intención, por el momento, de cumplir el mandato del presidente de EEUU, Donald Trump, de gastar un 2% de su riqueza cada año en Defensa por su pertenencia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Según refleja la actualización del Programa de Estabilidad remitido a Bruselas el pasado 29 de abril, la intención del Gobierno pasa por dedicar, desde ahora y hasta 2020, cantidades que orbitan en torno a los 11.000 millones anuales, muy por debajo de las pretensiones norteamericanas, que exigirían partidas de más de 22.000 millones en cada ejercicio.
La nómina mensual de las pensiones de las Clases Pasivas, por la que se rigen más de 600.000 antiguos funcionarios civiles y militares en España, sobrepasará en junio los 1.000 millones de euros por primera vez. Es lo que se deduce de las estadísticas publicadas ayer mismo por el Ministerio de Hacienda, relativas a mayo, mes en el que el coste sobrepasó los 999 millones desde los 997 millones previos. Hace solo tres años esas facturas se situaban por debajo de los 800 millones mensuales.
El Gobierno reconoce que la futura reforma de la financiación autonómica pende ahora mismo de un hilo. De nada servirá el trabajo del grupo de sabios que elabora una propuesta de modelo si, como confirman a este diario desde varias instancias del Ejecutivo, éste obvia sus principales sugerencias, y si ni siquiera encuentra socios en el Congreso con quienes sacar adelante el nuevo modelo en tiempo y forma. El presidente Mariano Rajoy se comprometió en la pasada Conferencia de Presidentes a que el futuro sistema de reparto entrara en vigor en 2018 y, de momento, parece poco probable que pueda ser así.
La sentencia del Tribunal Constitucional que anula la escandalosa amnistía fiscal impulsada por Cristóbal Montoro debe propiciar su inmediata salida del Gobierno. No debe transcurrir más tiempo para una salida que debió producirse al término de la anterior legislatura, pero que se ha demorado por cuestiones de fidelidad ajenas a la política. Montoro ha dejado de estar autorizado para exigir un solo sacrificio más a la ciudadanía tras instigar una regularización extraordinaria -así lo llamaba él aunque incluso la vicepresidenta Santamaría reconocía la amnistía- de la que se beneficiaron multitud de personajes que hoy acumulan causas en los tribunales.
Con los Presupuestos Generales del Estado para 2017 encarrilados, el Ministerio de Hacienda diseña ya el calendario para lograr el respaldo del Congreso al techo de gasto de 2018, paso previo a la elaboración de las Cuentas del año que viene. Según ha podido saber este periódico de fuentes parlamentarias, el Gabinete del ministro Cristóbal Montoro confía en obtener el visto bueno de la Cámara el próximo 13 de julio, y para ello utilizará la misma fórmula que ha usado en la negociación presupuestaria de este año: Ciudadanos y PNV votarán a favor y, previsiblemente, también lo harán los dos diputados canarios clave: Ana Oramas (CC) y Pedro Quevedo (NC).
La economía avanza a un ritmo superior al 3%, el paro baja con intensidad y el déficit se reduce. Lentamente, pero se reduce. Todo apunta a que el único gran desequilibrio al que va a hacer frente España a lo largo de los próximos años es el ingente nivel de deuda pública, instalado ahora por encima del 1,1 billones de euros y el 98,9% del PIB.
Las comunidades autónomas caminan con paso firme hacia el que será su primer cumplimiento del objetivo de déficit desde que el Gobierno, en el inicio de la crisis, instauró una vigilancia más próxima e impuso límites anuales. Según el seguimiento que lleva a cabo -desde ahora, mensual- la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el dato de finales de 2017 será del 0,5%, el más bajo de la serie histórica, y una décima menor al 0,6% que exige el Ministerio de Hacienda.