El Gobierno guardaba un as en la manga para aprobar los Presupuestos si las negociaciones con el PNV y el diputado canario Pedro Quevedo se torcían. El PP en el Congreso y la Gestora del PSOE pactaron la abstención de este último partido en las Cuentas a cambio de un incremento del 2% de las pensiones mínimas. Ese movimiento socialista solo se hubiera producido en la segunda quincena del mes de junio, tras concluir el cónclave interno del primer partido de la oposición y en la última votación sobre las Cuentas en el pleno del Congreso. Las Cuentas afrontan desde hoy otra votación definitiva.

El PSOE intentará llevar a cabo una modificación sustancial de la reforma laboral que el Gobierno aprobó en 2012 y que ha permitido crear empleo desde que se inició la recuperación económica. Es lo que se deduce del programa económico del nuevo secretario general, Pedro Sánchez, y de la disposición socialista y de otros partidos como Podemos y ERC a hacer causa común en el Congreso para, al menos, eliminar los aspectos de la norma que ellos consideran más lesivos. Una Proposición de Ley para sustituir el actual marco no está ni mucho menos descartada.

El periodo medio de pago a proveedores de las comunidades autónomas sigue a la baja y se situó en marzo en los 21,86 días, el mejor registro desde que Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, reforzó el control y lo hizo mensual en el mes de septiembre de 2014. Abonar las facturas con esa demora, de tres semanas, supone cumplir la Ley de Morosidad, que impone a las Administraciones Públicas un retraso máximo de 30 días, la mitad que entre empresas privadas.

Elecciones inmediatas, no. Ya lo dijo este lunes Mariano Rajoy. Pero parálisis política, sí. La victoria de Pedro Sánchez en las primarias socialistas del domingo deja al Gobierno en mala situación para aprobar reformas de calado, y ello cuando el FMI, las agencias de calificación y la Comisión Europea advierten de que España afronta, a medio plazo, un crecimiento potencial muy leve, del 1,5%. La primera víctima puede ser la reforma que más urge, la de las pensiones. Con un déficit de más de 17.000 millones en la Seguridad Social, el concurso del PSOE es obligado para abordar la financiación del sistema, pero, con un líder socialista cuyo objetivo es sacar a Rajoy del poder, peligra cualquier tipo de acuerdo.

El Ministerio de Hacienda zanjó este miércoles por escrito la posibilidad de que la Comisión de Presupuestos acepte debatir las casi 6.000 enmiendas que han presentado a las Cuentas los partidos de la oposición. El Ejecutivo ha puesto un límite de 15 millones para negociar, una cantidad reducida porque el proyecto se ha elaborado "al milímetro" para cumplir el déficit, según confirman fuentes parlamentarias a este periódico. Mientras, los partidos han registrado 6.000 enmiendas que costarían, de aprobarse, 61.412 millones.